Chilpancingo.— Hace dos años, Alejandro Arcos Catalán, alcalde de Chilpancingo, fue asesinado, decapitado. El crimen horrorizó a todos, pero nada cambió.
Por este crimen sólo hay un detenido, el capitán de Justicia Militar del Ejército en retiro, Germán Reyes Reyes. Lleva dos años encarcelado sin juicio y sin sentencia.
Germán Reyes fue detenido el 12 de noviembre de 2024 en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública de Chilpancingo. El 3 de octubre, Arcos Catalán lo nombró encargado de esa dependencia. La fiscalía de Guerrero lo acusó de ordenar el asesinato del edil porque, supuestamente, este se negó a entregar cargos de la administración a la organización criminal Los Ardillos.
El 18 de noviembre, la entonces jueza de Control y Enjuiciamiento, Yolanda Mora Silva, vinculó a proceso a Germán Reyes. La audiencia intermedia se realizó 10 meses después, el 23 de septiembre de 2025; ese día, el juez Arturo Hernández García dictó la apertura del juicio oral, pero a casi dos años no ha comenzado. Está suspendido. En la audiencia inicial, la FGE presentó cuatro pruebas en contra del militar en retiro.
La primera: el testimonio de un comerciante que el 27 de octubre de 2024 fue privado de la libertad durante unas horas por Los Ardillos en la comunidad de Petaquillas. Ahí, el comerciante supuestamente escuchó a El Michoacano contar que Germán Reyes le ordenó asesinar al alcalde. Cuatro días después, el comerciante fue hallado muerto, su caso no fue esclarecido.
La segunda: un correo que un supuesto agente de la Policía de Chilpancingo envió a la fiscalía de manera anónima, en el que cuenta que escuchó una llamada telefónica en la que Germán Reyes ordenó asesinar y decapitar al edil.
La tercera: información de redes sociales en la que acusan al militar retirado de formar parte de Los Ardillos. Y la cuarta prueba: la llamada telefónica que minutos antes de que Arcos Catalán se adentrara al bastión de Los Ardillos le hizo a Germán Reyes.
La entonces jueza admitió las dos primeras pruebas.
Las últimas horas
Eran las 11 de la mañana del 6 de octubre de 2024, Arcos Catalán salió con su equipo de trabajo y escoltas en tres camionetas a entregar ayuda a damnificados por el huracán John a la comunidad de Tepechicotlán.
El alcalde manejaba una camioneta blindada y lo acompañaba parte de su equipo de Comunicación Social, en los otros dos vehículos iban algunos de sus 18 escoltas y otros colaboradores. Cuando llegaron al crucero de la comunidad de Tepechicotlán, el alcalde se bajó de su camioneta y ordenó al conductor de otro de los vehículos donde iba parte de la ayuda que se bajara. Les dijo que a partir de ahí el llevaría sólo la ayuda y se adentró hacia el municipio de Mochitlán.
A las 5:20 de la tarde, Carlos, el hermano del alcalde, les avisó que habían hallado un cadáver decapitado en una camioneta como la del edil, frente al hotel Real Morely, en la colonia Villas del Roble.
Se trataba del alcalde, cuyo cuerpo fue abandonado por dos hombres. Uno conducía la camioneta y el otro lo acompañaba en una motocicleta. El primero abandonó el vehículo y colocó la cabeza sobre el toldo y de inmediato se subió a la motocicleta y se fueron.
La carpeta de investigación indica que los dos hombres fueron identificados como El Michoacano —acusado de ser el autor material del asesinato— y El Jimmy.
El edil se metió a la guarida de Los Ardillos e ignoró que el 3 de octubre, en pleno centro de Chilpancingo, asesinaron a tiros al secretario general del Ayuntamiento, Francisco Tapia Gutiérrez.
Tres días antes de comenzar su mandato, fue asesinado Ulises Hernández Martínez, exdirector de la Unidad de Fuerzas Especiales de la Policía Estatal, quien era la principal propuesta para ser el secretario de seguridad de Chilpancingo.
La violencia sigue
Durante estos dos años, Los Ardillos han encabezado masacres y otros asesinatos de políticos encumbrados. Nunca dejaron de operar en Chilpancingo; 20 días después del asesinato del alcalde, desaparecieron a 17 pobladores de la comunidad serrana Chautipan, que entraron a su bastión, el poblado de Tlanicuilulco, en Quechultenango, a vender traste.
Los cadáveres de 11 de los pobladores fueron abandonados en la batea de una camioneta en Chilpancingo, en la salida hacia Acapulco, casi frente a la fiscalía. De esta masacre el Ejército acusó directamente a este grupo criminal y anunció una operación con 400 soldados para rescatar a los pobladores. A la fecha siguen desaparecidos los seis pobladores.
El 16 de agosto de 2025 fueron masacrados en una emboscada 12 autodefensas de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg) en la comunidad de El Cortijo, en Ayutla, en la Costa Chica. Las autodefensas acusan a Los Ardillos de esta masacre.
El 3 de septiembre de 2025 fue asesinado el subsecretario de Política Social de la Secretaría del Bienestar de Guerrero, Hossein Nabor Guillén, en Tixtla. El gobierno federal dijo que los responsables del crimen era este grupo criminal.
En mayo de este año, durante seis días Los Ardillos atacaron a balazos las comunidades de Tula, Xicotlán y Acahuehuetlán, en Chilapa. En ese ataque murieron seis hombres, seis más quedaron heridos, por lo menos cuatro están desaparecidos y cientos abandonaron sus casas.
Hace un mes, sobre la orilla de la carretera federal México-Acapulco, en la salida de la comunidad Plan de Lima, en el municipio de Juan R- Escudero, fueron abandonados tres cadáveres decapitados. Uno de los cadáveres era de un soldado de la Guardia Nacional.
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