Los Juzgados de Policía Local (JPL) se preparan para enfrentar una nueva y masiva carga de trabajo luego de que el Servicio Electoral (Servel) informara que 3.760.261 electores que no sufragaron en las elecciones presidencial y parlamentaria de 2025 serán denunciados ante estos tribunales.
El volumen de causas genera preocupación por la capacidad de una justicia local que, además de las infracciones electorales, debe resolver diariamente conflictos y materias relacionadas con cerca de 60 leyes.
El presidente del Instituto Nacional de Jueces y Secretarios Abogados de los Juzgados de Policía Local (INJPL), Francisco Ríos Laulié, advirtió sobre la magnitud del problema y sus efectos en la tramitación de otras causas. “Los Juzgados de Policía Local están al borde del colapso, porque no solamente vemos causas del Servel”, afirmó, apuntando a que los tribunales también atienden materias de copropiedad, alcoholes y protección al consumidor, entre otras.
Uno de los principales problemas está en la desigualdad tecnológica entre los distintos juzgados. Mientras algunos cuentan con procesos electrónicos, otros todavía trabajan con expedientes físicos y procedimientos manuales. Esto significa que el ingreso masivo de denuncias puede obligar a registrar individualmente cada causa y posteriormente emitir resoluciones, citaciones y notificaciones.
“El Servel puede enviar, por ejemplo, un pendrive con cinco mil denuncias, pero si el tribunal no está digitalizado, esas denuncias se transforman en cinco mil causas que deben ser ingresadas y tramitadas”, explicó Ríos.
A la carga administrativa se suman los costos asociados a la tramitación. En los tribunales que todavía utilizan principalmente papel, cada denuncia puede implicar resoluciones, cartas certificadas y nuevas notificaciones si se determina una multa. “Son miles de actuaciones que requieren recursos para poder concretarse”, sostuvo el presidente del INJPL.
Ante este escenario, el gremio propone revisar el mecanismo utilizado para perseguir y hacer efectivas las sanciones por no votar. Una de sus alternativas es crear un registro especial de personas que no sufragaron y que, después del procedimiento correspondiente, tampoco pagaron la multa. La propuesta contempla discutir eventuales efectos administrativos para quienes permanezcan en esa situación, aunque sus consecuencias específicas todavía deberían ser analizadas.
Para Ríos, el problema no termina cuando un tribunal dicta una resolución, ya que también está en juego la capacidad de ejecutar efectivamente las sanciones. “Si finalmente no existe capacidad para hacer efectiva la sanción, estamos destinando una cantidad importante de recursos sin alcanzar necesariamente el objetivo perseguido”, señaló.
Por ello, el INJPL plantea revisar el procedimiento y avanzar hacia mecanismos que permitan gestionar de manera más eficiente la enorme cantidad de denuncias que deberán ser procesadas.
