El alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, y su par de San Bernardo, Christopher White, figuras del oficialismo y la oposición, llamaron a acelerar la tramitación de la denominada ley corta de seguridad municipal.
“La llamaron ley corta, pero el Senado la está haciendo eterna, la lentitud es desesperante . Si todos decimos que la seguridad es una urgencia, esa urgencia también tiene que notarse cuando se legisla”, manifestaron.
El proyecto aborda materias necesarias para implementar y dar viabilidad práctica a la Ley de Seguridad Municipal que comenzó a operar el pasado 12 de agosto, seis meses después de su promulgación en febrero de este año.
Entre las materias que considera está la contratación de inspectores, los límites de gasto asociados a esas contrataciones y los mecanismos para acreditar su idoneidad física y psicológica.
La iniciativa se socializó en julio con asociaciones de municipalidades, ingresó al Congreso el 4 de agosto y se encuentra en la comisión de Gobierno del Senado, donde se abrió plazo para indicaciones.
Posteriormente deberá ir a la comisión de Seguridad Pública, pasar por la Sala del Senado y luego volver a la Cámara de Diputados.
Si persisten diferencias entre ambas cámaras, el proyecto podría terminar en Comisión Mixta.
“Decepcionante”
“Todavía quedan varias estaciones antes de que esto sea ley. Si seguimos acumulando semanas, comisiones y trámites, lo único corto de esta ley va a terminar siendo el nombre, es muy decepcionante que los tiempos de los alcaldes y del poder legislativo sean tan distintos”, afirmó Iglesias.
White sostuvo que mientras esta discusión avanza, los vecinos esperan.
“Todos los días nos piden más patrullajes, más inspectores y mayor presencia en las calles. No podemos tener a los municipios funcionando a una velocidad y al Estado legislando a otra”, planteó.
Ambos jefes comunales advirtieron que acelerar la tramitación tampoco resuelve por sí solo el problema del financiamiento.
“Permitirnos contratar más inspectores y gastar más de nuestros propios recursos no significa entregarnos recursos nuevos. No pueden darnos más responsabilidades y después dejar que cada municipio vea cómo las financia”, advirtió Iglesias.
Los alcaldes plantearon que la discusión del Presupuesto 2027 es la oportunidad para aumentar los recursos destinados al equipamiento de seguridad municipal o crear un mecanismo especial de apoyo para las comunas con mayor dependencia del Fondo Común Municipal.
“No estamos pidiendo un cheque en blanco: estamos pidiendo recursos para cumplir responsabilidades que el propio Estado nos está entregando. El Presupuesto 2027 es la oportunidad para hacerse cargo de eso”, agregó Iglesias.
White, a su vez, dijo que “la seguridad de una familia no puede depender de la capacidad financiera de su municipalidad”.
“Si las responsabilidades son las mismas, pero cada comuna tiene que financiarlas según su propio bolsillo, vamos a terminar teniendo seguridad municipal de primera y segunda categoría”, planteó.
