Torreón.— A las 6 de la mañana del 31 de mayo, Gabriela Gómez encontró a su hija Aline en el Centro de Reinserción Social de Torreón, Coahuila, después de horas de buscarla en tribunales, hospitales y otros lugares. La joven de 24 años había acudido la noche anterior a un bar y, al salir, esperaba un Uber cuando, según su madre, una policía municipal la detuvo.
Gabriela sostiene que se trató de una detención arbitraria, durante la cual Aline permaneció incomunicada. La versión inicial que recibió la familia fue que la joven había sido detenida por amenazas contra elementos de Seguridad Pública.
Cuando finalmente la encontró, Gabriela asegura que Aline presentaba múltiples golpes. Posteriormente se realizaron dictámenes médicos, sicológicos y periciales que, según la madre, documentaron lesiones físicas, sexuales y sicológicas y apuntaron a violación equiparada y tortura.
“Como madre te puedo decir que se me vino el mundo encima. La vi muy mal, muy mal físicamente; ya se le notaban todos los golpes y todo eso está documentadísimo. Por eso es mi coraje. La fiscalía dice: ‘Hay lesiones de tal índole’”, comenta.
La investigación se dividió en dos partes: una relacionada con la presunta violencia sexual y otra enviada a la agencia especializada en tortura.
Más de 100 días de impunidad
Sin embargo, más de 100 días después de que Gabriela hizo pública la denuncia, asegura que el caso no ha avanzado.
Ya se manifestó a las afueras de la fiscalía en la región Laguna y hace unos días se plantó frente a las instalaciones de Seguridad Pública municipal para reclamar que los elementos que presuntamente cometieron los delitos sigan activos.
De acuerdo con su testimonio, son tres los policías señalados: dos hombres y una mujer.
La madre afirma que entregó a Asuntos Internos documentación de la investigación ministerial, incluidos dictámenes médicos y periciales, además de testimonios relacionados con los hechos. Pese a ello, asegura que los procedimientos administrativos tampoco han concluido.
En la fiscalía, relata, la investigación dejó de avanzar después de que la agente del Ministerio Público encargada del caso se incapacitó. Posteriormente recibió distintas explicaciones sobre la demora.
Tras una protesta en la que se cerró el Periférico, Gabriela asegura que le informaron que la investigación ya había sido judicializada, pero sostiene que esto no ha ocurrido. Después de aquella manifestación, los policías fueron llamados a declarar y se reservaron su derecho a hacerlo.
“Si existen peritajes y testimonios, ¿por qué la investigación no avanza?”, cuestiona Gabriela, quien considera que existe una dilación procesal.
La detención
Aline ingresó al procedimiento como detenida por el supuesto delito de amenazas. Sin embargo, Gabriela asegura que una agente del Ministerio Público del área de detenidos reconoció posteriormente a su hija como víctima.
“Llévatela, llévatela”, recuerda que le dijo la agente cuando conoció la situación.
La madre también cuestiona que Aline fuera trasladada al Cereso, un lugar destinado a personas acusadas de delitos de alto impacto, pese a que el señalamiento inicial era por amenazas.
Gabriela calcula que la detención ocurrió alrededor de la 1:50 de la madrugada. Posteriormente, Aline fue llevada a instalaciones de la policía municipal, donde, según la madre, existe un registro de un dictamen elaborado por un médico legista a las 2:45 horas que contenía datos falsos.
La joven ingresó al Cereso aproximadamente a las 5:30 de la mañana y media hora después Gabriela llegó para encontrarla.
Después de los hechos, Aline fue internada en el Hospital General de Torreón. Su madre afirma que ahí se documentaron lesiones y signos de agresión sexual que, asegura, no habían sido registrados por el médico legista de la corporación. También señala que existe una denuncia contra dicho médico.
Recuperarse y exigir justicia
Después de los hechos, Aline comenzó un tratamiento siquiátrico y sicológico. Su madre reconoce que el proceso ha sido difícil.
Para Gabriela, la exigencia de justicia forma parte de la recuperación de su hija.
“No quiero que quede impune”, insiste Gabriela, quien también cuestiona que los policías señalados continúen trabajando mientras se esclarecen los hechos.
Además, ha solicitado que se aplique a Aline el Protocolo de Estambul para investigar y documentar la presunta tortura, pero no ha recibido una respuesta.
En este sentido, Gabriela Gómez afirma que mantendrá su exigencia de justicia y plantea convertir su experiencia en el origen de un colectivo para acompañar a otras personas que denuncien abusos de autoridades.
Mientras Aline intenta continuar con su vida, Gabriela mantiene una pregunta después de más de 100 días: ¿Qué ocurrió durante las horas en que su hija estuvo bajo custodia policial y quién será responsable por ello?
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