A 12 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Amnistía Internacional denunció que el Ejército mantiene sin entregar información vinculada con 853 folios exigidos por las familias, pese a una orden judicial, y señaló que el ocultamiento de documentos, el borrado de videos y la lentitud de las investigaciones han prolongado la impunidad.
En un comunicado, exigió al gobierno federal que requiera a los militares la entrega de toda la información sobre el caso y pidió investigar la eliminación de grabaciones de las cámaras del Palacio Municipal de Iguala, por la posible desaparición de pruebas y el encubrimiento que pudiera implicar.
Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, respaldó la demanda de las familias para que el Ejército entregue la totalidad de la información generada durante 2014 por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia “Centro”, con sede en Iguala, Guerrero.
Recordó que el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México ordenó entregar esa documentación al resolver el juicio de amparo 1350/2023. De acuerdo con el organismo, la orden fue emitida en febrero de este año.
La información está vinculada con los 853 folios que han reclamado las familias, organizaciones sociales y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
“La transparencia tiene un peso fundamental en la responsabilidad que tiene el Estado mexicano en este caso paradigmático de desaparición forzada”, advirtió Olivares Ferreto.
Amnistía ve una constante en el ocultamiento de información
Amnistía señaló que el ocultamiento de información ha sido una constante en las investigaciones. Recordó que, al concluir su colaboración el 31 de julio de 2023, el GIEI alertó que los documentos recibidos eran parciales y corroboraban la existencia de otros datos sobre la detención y el traslado de normalistas.
Respecto al borrado de videos del Palacio Municipal de Iguala, la organización indicó que la decisión se atribuye al exgobernador Ángel Aguirre Rivero y que otras dos personas habrían ejecutado la orden. Exigió investigar los hechos por la gravedad de la desaparición de pruebas y el posible encubrimiento.
Sostuvo que el gobierno mexicano tiene la obligación de realizar todas las gestiones necesarias para esclarecer las desapariciones y llevar ante tribunales ordinarios a quienes resulten sospechosos de responsabilidad penal, mediante juicios justos.
También reconoció las aportaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el GIEI, el Equipo Argentino de Antropología Forense y las organizaciones que han acompañado a las familias durante estos 12 años, cuyo trabajo, señaló, ha sido fundamental para corregir el rumbo y lograr avances en la investigación.
Olivares Ferreto exigió que cualquier nueva información sea comunicada primero a las familias por los canales oficiales y que se frene la difusión de versiones sin sustento.
“Hacemos eco también de lo señalado por las familias de los jóvenes desaparecidos en el sentido de que toda información del caso corresponde conocerla en primer lugar a ellas, por los conductos oficiales establecidos, y que se deje de difundir información carente de sustento o tendente a cuestionar su lucha para conocer el paradero de sus hijos y lograr justicia y reparación integral del daño”, dijo.
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