La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno sancionó, de octubre de 2024 a junio de 2026, a 4 mil 193 personas servidoras públicas, de las cuales el 84.1 por ciento correspondieron a faltas no graves y el 15.9 por ciento a faltas graves. Además, impuso sanciones a 84 particulares.
En un informe entregado al Senado de la República, la dependencia federal destacó que sanciona en promedio, cada semana, a tres empresas y personas que suministran bienes y servicios al gobierno.
“En total 286 proveedores, de los cuales 222 fueron inhabilitados. Asimismo, se investigó penalmente a mil 052 personas servidoras públicas y a 82 particulares. Adicionalmente, se impusieron multas por 118 millones de pesos a empresas y particulares que vulneraron la protección de datos personales”, detalló.
Presumió que en 2026, mediante una fiscalización efectiva, se contribuyó a una gobernanza basada en la austeridad republicana, la transparencia y la rendición de cuentas.
Explicó que las revisiones se enfocaron en identificar riesgos, promover acciones preventivas y fortalecer el cumplimiento de las disposiciones legales en las áreas de mayor impacto y relevancia en la gestión pública, con el propósito de asegurar que los recursos públicos se administren con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, en beneficio de la ciudadanía.
“Como resultado de los 855 actos de fiscalización realizados, se emitieron 3 mil 398 hallazgos, 2 mil 983 por parte de los Órganos Internos de Control y 415 por las áreas centrales de la Secretaría. A partir de estos, se determinaron 10 mil 592 acciones (9 mil 435 de los OIC y mil 157 de las áreas centrales), mismas que se encuentran en proceso de atención por parte de los entes fiscalizados.
Estas medidas están orientadas principalmente a fortalecer los procesos de adquisición de bienes y servicios, el seguimiento de la obra pública, los controles para la captación de ingresos y la administración de recursos humanos, así como a actualizar las estructuras orgánicas y la normativa interna”.
La Secretaría Anticorrupción y Bien Gobierno afirmó que en el marco del compromiso con una gestión pública honesta, transparente y eficiente, la presente administración ha consolidado una Política de Austeridad Republicana orientada a erradicar los privilegios y el dispendio, “transformándose no en un recorte ciego, sino en una reingeniería profunda del gasto para liberar recursos destinados a la atención de prioridades sociales”.
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