Guadalajara.— En los pueblos de la cuenca del arroyo Milpillas, uno de los afluentes del río Santiago, al norte de Zapopan, en Jalisco, hace décadas que los días de lluvia ven pasar agua ennegrecida y tóxica que ha acabado con animales, árboles y hasta negocios familiares; son los lixiviados que corren desde el Relleno Sanitario Metropolitano Poniente, mejor conocido como Picachos, administrado por el ayuntamiento de Zapopan.
José Casillas, presidente de bienes comunales de la comunidad indígena de Ixcatán, uno de los pueblos afectados por esta situación, recuerda que hace más de 30 años los habitantes de la región se organizaron para lidiar con el problema:
“Los lixiviados salían entonces del basurero de Copala y nos fuimos a hacer la cosa legaloide y, pues nada, no nos pelaron.
“Pero en 1994 estaba muy reciente el levantamiento de los zapatistas, varios pueblos nos fuimos ahí al kilómetro 13 y medio de la carretera a Colotlán y pusimos un plantón y no dejamos pasar los camiones de basura; ese basurero recibía 800 toneladas de basura al día y logramos que lo cerraran el 26 de agosto de 1994”, recuerda.
Tras el cierre se firmó un convenio en el Palacio de Gobierno para resarcir los daños y construyeron un centro de salud, caminos empedrados, caminos sacacosechas y una telesecundaria, entre otros proyectos, pero el problema de la basura seguía latente.
Como solución, en 1999 el Consejo Metropolitano de Guadalajara (integrado entonces por el gobernador del estado, los alcaldes de Guadalajara, Zapopan, Tonalá y Tlaquepaque, además de varios funcionarios estatales) comenzó la construcción del Relleno Sanitario Metropolitano Poniente y el 13 de mayo de 2001 inició operaciones.
Actualmente es administrado por el Ayuntamiento de Zapopan y recibe a diario casi 3 mil 600 toneladas de basura de los municipios de Zapopan y Guadalajara.
Según el Proyecto Ejecutivo, el relleno de Picachos se extendería en 38 hectáreas, dentro de un terreno de 70 hectáreas propiedad del estado, ubicado en las microcuencas de los arroyos El Pedregal y El Potrero de la Casa, ambos tributarios del arroyo Milpillas durante el temporal de lluvias, y donde ya se había establecido un vertedero privado de la empresa Hasar’s.
“A los pocos años de que empezó a funcionar volvieron los lixiviados al arroyo y casi una década después empezaron los problemas graves”, relata José Casillas.
Largo historial de contaminación
En 2006, Saúl Castro, propietario de un balneario, tuvo que demoler varias piscinas en el cauce del arroyo Milpillas, porque el ayuntamiento de Zapopan señaló que las aguas estaban contaminadas, pero la autoridad no determinó el origen.
En 2007 Enrique Hernández Arámbula, dueño de un rancho en la comunidad de San Lorenzo, denunció la muerte de 30 reses que bebieron agua del arroyo; en 2009 fueron 15 vacas y 11 yeguas.
José Casillas cuenta que en octubre de 2009, habitantes de los pueblos afectados bloquearon por dos días los accesos a los basureros de Pichachos y Hasar’s, aunque no se logró que cerraran se firmó otro convenio con las autoridades.
“No se cumplieron todas las demandas y en 2014 nos volvimos a movilizar, bloqueamos otra vez, marchamos sobre la carretera a Colotlán, pero hubo represiones, nos echaron a la policía, hubo gente golpeada”, señala.
En su opinión, aunque el tema ha vuelto a tomar fuerza a partir de una fotografía que evidencia la grave contaminación del arroyo, la inseguridad en el país hace difícil movilizarse de nuevo, “sabemos que la maña controla muchas cosas y ahora ya no va a ser la policía la que vaya a desalojar…”.
Un basurero al límite
Desde hace unos días circula en redes una foto de la cascada de Huaxtla, un pequeño paraíso natural al norte de Zapopan, cuya fosa cambió su color de turquesa a marrón: son los jugos de basura que han llegado hasta allá desde los basureros.
Los regidores de Morena en el ayuntamiento de Zapopan anunciaron demandas contra el gobierno municipal por este hecho; el alcalde Juan José Frangie atribuyó el problema a que hace más de un año Guadalajara también deposita ahí sus residuos, lo que duplicó la cantidad de basura que se recibe; el gobierno del estado minimizó el asunto y dijo que fue un “leve” derrame que ya estaba solucionado.
El pasado 25 de septiembre, personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proepa) realizó una inspección en el basurero de Picachos y determinó que hay una serie de anomalías que pueden ser el origen de los derrames: cobertura poco ágil de los residuos depositados, mal manejo de lixiviados durante la temporada de lluvias.
También señalaron mala conducción del agua de lluvia que entra en contacto con los residuos, falta de monitoreo de biogás y de los acuíferos, y celdas poco eficientes para su operación. Sin embargo, no hubo conclusiones ni sanciones, sólo recomendaciones.
El Proyecto Ejecutivo de 1999 contemplaba una vida útil de 12 años para el vertedero, pero desde entonces se han añadido nuevas celdas de disposición de basura para ganar tiempo; sin embargo, aún no se tiene un proyecto alterno.
En 2012 se invirtieron 18 millones de pesos para construir una planta de tratamiento para los lixiviados, y en 2019 se anunció una inversión de 200 millones de pesos para la modernización del vertedero de Picachos; no obstante, en 2022 se reportó que la planta de tratamiento de lixiviados estaba prácticamente desmantelada.
Para tratar de controlar los lixiviados se almacenan en “lagunas de oxidación” y después se rocían encima de la basura para que se evaporen, una práctica permitida por la NOM-083-SEMARNAT-2003, pero criticada por expertos, porque no remueve los contaminantes, sino que los concentra y eleva la toxicidad.
José Casillas insiste en que las autoridades estatales y municipales y los políticos no pueden pretender que se trata de un problema nuevo, y aunque los pueblos afectados siguen con la estrategia legal, no confían mucho en que las cosas se resuelvan pronto.
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