La Comisión de Constitución del Senado despachó el proyecto que modifica el sistema de responsabilidad penal adolescente para fortalecer la respuesta sancionatoria frente a conductas de especial gravedad, luego de una extensa discusión en particular. La iniciativa avanzó a la sala de la Cámara Alta.

Uno de los puntos que concentró el debate fue el tratamiento de los quebrantamientos de condena, las fugas y evasiones de adolescentes, especialmente por las diferencias que podrían generarse respecto del régimen aplicable a los adultos. Al término de la sesión, y tras resolver las indicaciones pendientes, la instancia dio por despachada la iniciativa.

La comisión discutió una propuesta del senador Andrés Longton (RN) destinada a subsanar lo que calificó como un vacío respecto de adolescentes que, mientras cumplen una sanción en régimen cerrado, cometen nuevos delitos de menor gravedad. L

a fórmula establece que estos casos podrán dar lugar a una ampliación de la sanción de entre un mes y un año, sin superar los límites máximos contemplados por la legislación. “Hoy día, cuando hay un quebrantamiento de un simple delito, en la práctica no hay sanción”, argumentó el parlamentario durante el debate.

Precisamente este punto generó reparos durante la discusión. Desde la comisión se advirtió que la fórmula podía significar, en los hechos, que un adolescente permaneciera hasta un año adicional en régimen cerrado, abriendo el debate respecto de si se estaba estableciendo un tratamiento más gravoso que el aplicable a adultos.

En contraste, Longton defendió la modificación argumentando que sin ella “los simples delitos en régimen cerrado quedan impunes” y que las consecuencias de ese vacío recaen principalmente en los funcionarios de los centros.

Otro de los aspectos ampliamente discutidos fue qué consecuencias tendría una fuga o evasión. La propuesta inicial contemplaba impedir que el adolescente solicitara la sustitución o remisión de su condena durante un período de entre seis meses y un año, disposición que finalmente fue eliminada.

En su reemplazo, la comisión aprobó que la fuga o evasión sea considerada, en todo caso, como quebrantamiento, mientras que la indicación que eliminó la prohibición temporal para solicitar esos beneficios fue respaldada por unanimidad.

Durante el debate también surgieron diferencias sobre el énfasis sancionatorio de la iniciativa. Una de las críticas planteadas fue que “la sola mirada punitiva no sirve” y que las decisiones judiciales debían incorporar también criterios vinculados con la reinserción del adolescente. Longton, por su parte, sostuvo que las modificaciones buscaban establecer consecuencias concretas frente al incumplimiento de las condenas y llenar vacíos actualmente existentes en la legislación.

La comisión también aprobó que la comisión de un nuevo delito solo pueda considerarse quebrantamiento de condena cuando exista una sentencia condenatoria firme. A ello se sumó una disposición que regula el reconocimiento de los abonos correspondientes cuando se produzca un quebrantamiento, norma que fue aprobada por tres votos a favor y dos en contra.

La discusión abordó además las reglas para la sustitución y remisión de sanciones y el traslado de jóvenes que cumplen 18 años desde centros de justicia juvenil hacia secciones juveniles de establecimientos penitenciarios de adultos. En este último caso, se aprobó considerar el comportamiento del adolescente y el informe del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil para resolver el traslado.

Finalmente, la comisión discutió la entrada en vigencia y el impacto presupuestario de las nuevas disposiciones. Algunos senadores plantearon dudas sobre los recursos necesarios para implementar los cambios y la capacidad del sistema de reinserción juvenil. Tras acordarse una fórmula para continuar revisando esos aspectos antes de su tramitación posterior, el presidente de la instancia cerró la sesión señalando: “Entonces, despachado el proyecto, habiéndose cumplido el objetivo de la sesión, se levanta”.