Con 18 votos a favor, seis en contra, -de la oposición: PAN, PRI -MC-, y cero abstenciones, la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad de la Cámara de Diputados aprobó la llamada Ley Antimemes, que contempla multas de hasta 4.6 millones de pesos por determinados usos no autorizados de imágenes, voces, música, videos y contenidos manipulados con inteligencia artificial.
Durante la discusión, Morena y sus aliados desecharon dos reservas presentadas por el PAN que advertían que las nuevas obligaciones para los proveedores de servicios de internet podrían abrir la puerta a la censura y restringir la libertad de expresión.
El proyecto de dictamen presidencial, que reforma la Ley Federal del Derecho de Autor, plantea modificar el artículo 114 Octies y adicionar los artículos 114 Nonies y 232 Septies de la Ley Federal del Derecho de Autor, con el argumento de “fortalecer la protección de los derechos de autor en el entorno digital y establecer responsabilidades para las plataformas y los intermediarios de internet”.
Establece que los proveedores deberán contar con mecanismos eficaces para recibir y atender notificaciones de presuntas infracciones, así como procedimientos para retirar contenidos señalados como ilegales.
También deberán “adoptar políticas para prevenir que los usuarios reincidan en esas conductas, sin que ello implique una obligación general de supervisar todo lo que se publica en internet”.
En materia de sanciones, el nuevo artículo 232 Septies prevé multas para los proveedores que incumplan sus obligaciones, particularmente cuando no atiendan notificaciones válidas, no retiren oportunamente contenidos infractores o desatiendan requerimientos de información de las autoridades.
La iniciativa pretende además, armonizar la legislación mexicana con las disposiciones del T-MEC, particularmente las relativas a los recursos legales y las limitaciones de responsabilidad de los intermediarios digitales.
“Ningún compromiso comercial puede convertirse en pretexto para debilitar los derechos constitucionales”, aseveró durante la discusión el legislador panista, Marcelo Torres Cofiño.
Adviritó que estas nuevas disposiciones podrían provocar que las empresas retiren contenidos de manera preventiva, incluso cuando no exista una infracción acreditada, por temor a recibir sanciones económicas, agregó.
Ante ello, demandó “establecer expresamente que cualquier política de terminación de servicio, deberá proteger la libertad de expresión, el derecho a la información, la libertad de prensa, la crítica política y el debate político y sobre todo que nadie pueda sufrir, (la cancelación del servicio) sin que previamente exista una resolución definitiva de la autoridad jurisdiccional competente”.
Torres Cofiño aseveró que en su partido están a favor de proteger los derechos de autor “pero no a costa de convertir el internet en un espacio en donde primero se censura y después se preguntan”, recalcó.
Ello, al advertir que la reforma no sólo involucra los derechos de autor, sino también dos garantías constitucionales; la libertad de expresión y el acceso a internet.
"¿Cuál es el riesgo? Pues que ante el temor de ser sancionados (los prestadores del servicio de internet) prefieran bloquear primero y preguntar después. Así de claro", alertó.
Ninguna empresa privada, insistió, "debe convertirse en juez de los contenidos que los ciudadanos pueden publicar o consultar", y rechazó que el cumplimiento del tratado comercial justifique posibles restricciones a los derechos constitucionales.
En una primera reserva, la propuesta del PAN buscaba incorporar expresamente la protección de la libertad de expresión, el derecho a la información, la libertad de prensa, la actividad periodística, la crítica política y el debate público, además de establecer que la terminación del servicio por presuntas infracciones sólo pudiera aplicarse después de una resolución definitiva de la autoridad jurisdiccional competente.
Para ello, se pretendía adicionar una fracción sexta y un párrafo subsecuente al artículo 114 opties de la ley Federal de Derechos de Autor.
Al defender esa segunda reserva, la panista María Angélica Granados, justificó que con ello se buscaba eliminar una disposición y reforzar las garantías de los usuarios frente a las decisiones de los proveedores de internet.
La legisladora planteó que la reforma no define cuándo una persona se convierte en infractor reincidente, ni quién será la entidad u organismo que valide si la decisión de un proveedor de sancionar a una persona u organización por hacer un meme o manipular una imagen de una figura pública “es proporcional”.
“Notificar a un usuario no es garantizar el debido proceso, avisarle al usuario que perderá el servicio no equivale a darle la oportunidad real de presentar pruebas y obtener una revisión imparcial antes de cortar su conexión a internet”, expuso.
No obstante, ambas reservas fueron rechazadas en votación económica por Morena y sus aliados, por lo que el dictamen se aprobó sin modificaciones y fue remitido a la Mesa Directiva y será llevado al Pleno de la Cámara de Diputados la próxima semana para su discusión y votación, adelantó el presidente de la Mesa Directiva, Raúl Bolaños-Cacho Cué, quien lamentó que la comisión no hubiera profundizado en el análisis de la iniciativa.
"Yo desearía que fuera más profundo el análisis, hubiera esperado que hubiera una discusión más profunda, pero bueno, no se hizo en comisiones. Esperemos se haga en el Pleno y de manera respetuosa", expresó.
Bolaños-Cacho confió en que el debate en el Pleno permita examinar los alcances de la reforma y garantizar el respeto a la libertad de expresión, uno de los principales puntos de controversia que dejó la aprobación del dictamen en comisiones.
