Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Primera del Senado aprobaron el dictamen para impedir que mexicanos con doble nacionalidad puedan aspirar a ser candidatos a la Presidencia, gubernaturas o jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

La enmienda reforma los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de nacionalidad única para el ejercicio de la titularidad de los poderes ejecutivos federal y locales.

En lo general y en lo particular, el dictamen fue avalado por 12 votos a favor y 6 en contra de la Comisión de Puntos Constitucionales y 11 votos a favor y 3 en contra de la Comisión de Estudios Legislativos Primera.

Con estas modificaciones se establece que, para ser presidenta o presidente, gobernador o gobernadora, jefe o jefa de Gobierno de la Ciudad de México, se requiere, además de ser ciudadano o ciudadana mexicana por nacimiento, no tener ni adquirir otra nacionalidad.

En caso de tenerla, renunciar a ella previo a solicitar su registro como candidato o candidata en los términos que establezca la ley.

También dispone que quien ejerza dichos cargos no pueda adquirir ni solicitar otra nacionalidad, ni invocar ante autoridad extranjera una nacionalidad distinta de la mexicana.

Además, quedan comprendidos en dicha prohibición, entre otros supuestos, el uso de pasaporte o documento de identidad expedido por un Estado extranjero, el ejercicio de los derechos políticos inherentes a la ciudadanía ante este y el acogerse a su protección diplomática.

El senador Enrique Inzunza, acusado por narcotráfico por el gobierno de Donald Trump, fue uno de los que dio su aval al dictamen.

“Aprobamos, en los términos las reformas a los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para prever el requisito de poseer únicamente la nacionalidad mexicana para ejercer la titularidad de los poderes ejecutivos federal y estatales”, indicó.

El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, aclaró que las reformas no ponen en duda la mexicanidad, el patriotismo o el compromiso con nuestro país.

No es una prohibición general ni una restricción de derechos políticos, sino un requisito de elegibilidad”, sostuvo.

Al fijar el posicionamiento de Morena, el senador Saúl Monreal Ávila afirmó que los migrantes tienen salvaguardados sus derechos, su trayectoria e importantes aportaciones, aunque no puedan ser candidatos.

Ante las posturas de gobiernos extranjeros estamos obligados a tomar medidas urgentes y de eso se trata esta reforma; lo que hacemos es defender nuestra soberanía”, destacó.

Marko Cortés Mendoza, del PAN, subrayó que estas reformas representan una regresión en materia de derechos humanos, porque la propia Constitución obliga a las autoridades a garantizar los derechos bajo el principio de progresividad.

No acompañaremos el dictamen por un acto de justicia, principalmente con los migrantes”, apuntó.

Del PRI, la senadora Claudia Anaya Mota estimó que las reformas restringen derechos a muchos de los connacionales, quienes ya se han expresado en contra de estas modificaciones constitucionales.

Nosotros estamos a favor de las y los migrantes y estamos en contra de cualquier restricción que se les quiera imponer”, puntualizó. Alejandro González Yáñez, senador del PT, aseguró que los cambios son “soberanistas”, porque la esencia es establecer de manera expresa en la Constitución Política, el requisito de no tener ni adquirir una nacionalidad distinta a la mexicana.