Doce años han pasado desde la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, cuando 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa desaparecieron en Iguala, Guerrero.

Doce años, tres gobiernos federales y una pregunta que permanece intacta: ¿Dónde están los 43?

Enrique Peña Nieto inició una investigación marcada por la llamada “verdad histórica”; Andrés Manuel López Obrador prometió esclarecer el caso, y ahora corresponde al gobierno de Claudia Sheinbaum continuar una búsqueda que acumula expedientes, detenidos, hipótesis y nuevas líneas de investigación, pero todavía no ofrece una explicación integral sobre el destino de los estudiantes.

En el camino han muerto ocho madres y padres, sin conocer el paradero de sus hijos.

La información presentada esta semana por el subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina, y el titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa, Mauricio Pazarán, volvió a colocar sobre la mesa una extensa numeralia: 145 personas detenidas, entre exfuncionarios, policías, militares e integrantes de Guerreros Unidos, además de nuevas pesquisas derivadas del análisis tecnológico de millones de registros.

Entre ellas destaca el análisis de llamadas telefónicas, que permitió identificar a 17 personas que no habían sido investigadas y reconstruir nuevas conexiones entre integrantes de grupos criminales, policías, servidores públicos y personas relacionadas con servicios funerarios.

Pero tampoco todo parte de cero.

La línea relacionada con funerarias y con el Servicio Médico Forense de Iguala ya había aparecido en investigaciones y testimonios anteriores.

Lo que ahora se presenta es una relectura mediante nuevos cruces de información y registros telefónicos.

Y entonces surge una pregunta inevitable: si algunas de estas pistas existían desde hace años, ¿por qué tuvieron que pasar doce años para profundizar en ellas?

Ese es precisamente el problema de Ayotzinapa.

Cada nueva etapa de la investigación abre más puertas, pero también hace visible cuánto tiempo permanecieron cerradas otras.

Cada informe agrega teléfonos, nombres, detenidos, lugares y nuevas hipótesis, pero el laberinto institucional parece crecer al mismo ritmo que la información.

La investigación puede tener millones de documentos, miles de llamadas analizadas y decenas de personas procesadas. Puede incorporar nuevas tecnologías y reconstruir comunicaciones que antes habían pasado inadvertidas, pero su eficacia no se mide únicamente por la cantidad de información acumulada; se mide por su capacidad para responder la pregunta fundamental.

Hasta ahora únicamente han sido identificados los restos de tres de los 43 estudiantes.

Por eso, después de doce años, la numeralia ya no alcanza.

El Estado mexicano tiene frente a sí una responsabilidad que ha atravesado tres administraciones: transformar indicios en pruebas, pruebas en responsabilidades y la investigación en verdad.

Porque entre miles de expedientes, llamadas, corporaciones policiacas, militares, funcionarios, gobernantes, integrantes del crimen organizado, funerarias y testimonios contradictorios, no existe una verdad fehaciente sobre lo ocurrido aquella noche.

A las autoridades no se les puede pedir que mientan ni que inventen resultados.

Pero sí se les puede exigir honestidad sobre lo que saben, lo que no saben y lo que ha fallado.

La reiteración de compromisos sin evidencia tangible desgasta la confianza pública y prolonga el dolor de quienes llevan doce años esperando.

Mientras el Estado no responda la pregunta fundamental, Ayotzinapa seguirá siendo una herida nacional abierta y el mayor recordatorio de que en México la justicia puede extraviarse en sus propios pasillos.

Doce años después, la sociedad no pide más números. Pide saber dónde están los 43.

Encontrar la verdad sigue siendo responsabilidad del Estado.

Para las familias, en cambio, la exigencia nunca ha necesitado miles de páginas.

Cabe todavía en cuatro palabras: ¿Dónde están nuestros hijos?

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