La Universidad de California en Berkeley, Estados Unidos, identifica a la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, como militante de Morena y cuestiona la actuación del organismo durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, particularmente frente a denuncias de violaciones a derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas.
En Under Attack in Mexico, el Human Rights Center de UC Berkeley presenta a Piedra como “miembro de Morena” antes de llegar a la CNDH y señala que su elección, en noviembre de 2019, estuvo rodeada de acusaciones de irregularidades en la votación del Senado. La investigación coloca ese antecedente en un apartado dedicado a explicar las fallas institucionales que, sostiene, han contribuido a la impunidad frente a agresiones contra periodistas y defensores de derechos humanos.
También cuestiona decisiones tomadas por la comisión durante su gestión. Entre ellas menciona su posición frente al creciente papel de las Fuerzas Armadas en tareas civiles y el manejo de quejas en las que estaba involucrada la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Uno de los casos expuestos por la universidad es el de Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, quien denunció que su teléfono fue infectado con Pegasus. Berkeley señala que la CNDH cerró la queja después de recibir un informe de la Sedena que negaba el espionaje, pese a que existían elementos técnicos que apuntaban en sentido contrario.
Para profundizar en el desempeño de la comisión, Berkeley retoma el informe CNDH: balance de su debilitamiento institucional durante la gestión 2019-2024, elaborado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).
A diferencia de Berkeley, que coloca el caso de Piedra dentro de una investigación más amplia sobre impunidad, vigilancia y ataques contra periodistas y defensores, el Centro Prodh concentra su análisis en los cinco años de su primera gestión al frente de la CNDH.
El organismo sostiene que durante ese periodo “se materializó un deterioro institucional considerable” y señala que la comisión adoptó un “rol pasivo” frente a asuntos centrales del sexenio de López Obrador, como la militarización de la seguridad pública, la política migratoria, los megaproyectos en territorios indígenas, la estigmatización de periodistas y organizaciones civiles y la expansión de la prisión preventiva.
Además, documenta que las quejas recibidas por la CNDH aumentaron casi 75% entre 2020 y 2023, al pasar de 11 mil 387 a 19 mil 916. En esos cuatro años, la Guardia Nacional acumuló mil 816 denuncias y la Sedena, mil 664.
Sin embargo, advierte que ese volumen de quejas no se reflejó de manera equivalente en recomendaciones por violaciones cometidas por instituciones castrenses.
El informe también pone la lupa sobre las 132 recomendaciones por violaciones graves emitidas durante la gestión de Piedra hasta el 8 de octubre de 2024.
De ellas, 115 se refieren a hechos ocurridos antes del 1 de diciembre de 2018, es decir, 87% corresponde a administraciones anteriores a Andrés Manuel López Obrador.
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