El senador independiente Karim Bianchi, presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Senado, defendió este domingo su decisión de respaldar la reforma constitucional de seguridad impulsada por el Gobierno, pese a sus cuestionamientos iniciales a la iniciativa. El parlamentario explicó que busca destrabar la discusión de cerca de 30 proyectos de ley que permanecen pendientes en la agenda legislativa de la comisión.
En conversación con Mesa Central de Canal 13, Bianchi sostuvo que su posición no responde a un acercamiento político con la administración del Presidente José Antonio Kast, sino a la necesidad de alcanzar acuerdos que permitan avanzar en otras materias de seguridad pública.
“Yo estoy ayudando a destrabar una situación que nos permita llevar una agenda de seguridad”, afirmó.
El parlamentario reconoció que mantiene sus críticas a la propuesta constitucional presentada por el Ejecutivo. Sin embargo, sostuvo que la discusión en torno a esa iniciativa ha terminado por concentrar la atención legislativa y dificultar el avance de otras propuestas.
“Yo tengo acá (...) montón de proyectos, cerca de 30 proyectos que tengo que tramitar en seguridad. Y estoy bloqueado por la agenda constitucional”, explicó.
En esa línea, Bianchi planteó que la reforma puede representar una herramienta adicional para enfrentar los problemas de seguridad, aunque descartó que su aprobación implique por sí sola un cambio sustancial en la situación del país.
El senador también abordó las consecuencias políticas que podría enfrentar por su disposición a colaborar con el Ejecutivo, asegurando que prefiere asumir ese riesgo antes que mantener paralizada la discusión legislativa.
Uno de los puntos que busca incorporar en las negociaciones es una modificación a la Ley 18.216, que regula las penas sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad.
La propuesta apunta a ampliar el catálogo de delitos sujetos a restricciones para acceder a estos beneficios, incorporando figuras como el secuestro extorsivo y el tráfico de armas, entre otras.
Bianchi aseguró que esta última iniciativa tiene mayor relevancia para él que la propia reforma constitucional, al considerar necesario revisar las condiciones bajo las cuales personas condenadas por determinados delitos pueden cumplir penas fuera de recintos penitenciarios.
El Estrecho de Magallanes y críticas Judd
Durante la entrevista, el senador por Magallanes también cuestionó la falta de recursos destinados a la vigilancia marítima de la región, en medio de la creciente importancia estratégica que, a su juicio, está adquiriendo el Estrecho de Magallanes.
Bianchi advirtió que la insuficiencia de recursos para las policías y el control marítimo podría generar riesgos para la seguridad del territorio.
“¿Y dónde está el presupuesto para Magallanes, para el control marítimo del estrecho o lo vamos a transformar en un corredor para narcotráfico?”, planteó.
El senador también cuestionó las recientes declaraciones del embajador de Estados Unidos en Chile respecto de la soberanía nacional sobre el Estrecho de Magallanes y la Antártica, calificando los dichos como provocativos e insultantes.
“Chile no requiere de ningún padrino para esto. Un país como Chile, que es pequeño versus un país grande, su dignidad no la va a definir el tamaño del país. Nuestra soberanía no vale un centímetro menos que la de Estados Unidos”, sostuvo.
Bianchi también expresó su deseo de que el representante diplomático estadounidense sea reemplazado, aunque reconoció que las decisiones sobre las medidas diplomáticas corresponden al Ejecutivo.
Pese a ello, valoró la respuesta que ha entregado Chile frente a la controversia, pero insistió en que se requieren medidas de mayor alcance para resguardar los intereses nacionales.
“Las sintonías políticas con Trump o con Milei son sintonías que se dan porque hay gobernantes que piensan parecido, pero eso es momentáneo. Pero nuestra soberanía, la defensa de nuestros intereses, la dignidad de nuestro país, esa es permanente y esa no se transa”, expresó.
Finalmente, el senador sostuvo que la defensa de la soberanía no debe limitarse al despliegue militar, sino también considerar inversiones en infraestructura, conectividad, servicios públicos y condiciones de vida para los habitantes de las zonas extremas.
