“¿Cómo le fue?“, le preguntaron este lunes en una entrevista al ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, por la Ley de Presupuesto 2027. El secretario de Estado había pedido un alza de 23,9%. ”No tan bien, pero me fue bien", respondió el urbanista.
Ya desde hace algunos días Poduje había reducido las expectativas para su ministerio luego de haberse atrevido a pedir, a través de la prensa, un alza de esa magnitud en un contexto de estrechez fiscal en el que el gobierno de José Antonio Kast está buscando reducir el presupuesto de todos los ministerios.
La Tercera accedió al detalle específico del Minvu, el que está lejos del guarismo propuesto por Poduje. Los ingresos son más bien planos si se le comparan con la Ley de Presupuestos aprobada en 2026: ingresos brutos por $6.689.819.978.000 en circunstancias que lo aprobado el año pasado fue $6.673.426.789.000, es decir un 0,24% de incremento nominal (sin ajustar a inflación). Pero los cálculos de la Dirección de Presupuestos -que incluyen ajustes y diferencias por leyes especiales- dan cuenta de un alza del 1,8%. A nivel de Minvu también se considera el Gasto de Estado de Operaciones (GEO), que incluye descuento de componentes, lo que da finalmente un alza del 5,8%.
El ministro, en todo caso, quiso verlo incluso más positivamente y detalló que en el programa específico habitacional hubo un aumento del 7%.
En el detalle específico, el programa de sectores medios y emergentes -que incluye iniciativas como subsidio, leasings y programas de integración social- tuvo un aumento real del 7% llegando a los $1.176.376 millones. Eso fue lo que más valoró el ministro. “Eso nos deja muy conformes, además por la confianza del Presidente y del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, para poder liderar la activación del empleo”, dijo en Radio Infinita, atribuyendo el alza al aumento de subsidios para ese segmento socioeconómico. Esto marca un contraste con una disminución del 0,6% a los sectores vulnerables.
Dentro de las alzas en el ítem de sectores medios se aprecian aumentos en los programas de Sistema Integrado de Subsidios (31,7%), subsidios leasing (8,8%) y el Programa de Integración Social Territorial y Anteriores (18,6%), pero la parte de préstamos para sectores medios y emergentes cae en 25,6%.
El desglose muestra otras caídas en particular. El subsidio al arriendo, por ejemplo, cayó un 17,1%, pero Poduje recalcó que eso se debe a que dichas platas ahora quedaron en las regiones a nivel de Servicios de Vivienda y Urbanización (Serviu) y no a nivel central a través del ministerio. “No se está mirando el desglose de los servicios regionales”, explicó Poduje.
Algo similar ocurrió con el programa de asentamientos precarios: la glosa muestra una caída del 48,5%, pero Poduje explicó que “lo que pasa es que en la glosa del presupuesto hay una parte que se fueron a las regiones los presupuestos de asentamientos precarios. Entonces queda un asentamiento precario chiquitito a nivel de la subsecretaría”.
Hasta el minuto este recorte asociado a los campamentos era el que más ruido estaba generando, con un recorte de $12.597 millones para el programa que busca combatir la vulnerabilidad. Pero Poduje enfatizó que “si usted los trae al global, se puede ver que en el caso de asentamiento subió un 20%, en barrios subió un 4% y en arriendo quedó en cero”.
También se vieron bajas en los programas de parques urbanos (-8,8%), ciudad (-20,5%), vialidad (-24,7%), resiliencia urbana y transversales (-29,5%), pero tuvo alzas en el programa de barrio (14,2%) y el Programa de Mejoramiento de Vivienda y Barrios (3,9%).
Poduje en todo caso reconoció que “uno siempre aprende a bajar la expectativa en esta pega. Y también aprende a adecuarse a lo que pueda, a los recursos que se tienen”.
El investigador de la Fundación Piensa y de la London School of Economics and Political Science, Ignacio Aravena, dice que “en general, más que un presupuesto expansivo, parece uno de transición y normalización financiera”.
En esa línea, argumenta que “el presupuesto 2027 mantiene, en términos generales, la tendencia del año anterior tanto en el número de subsidios como en su composición, aunque incorpora un foco algo mayor en sectores medios, probablemente asociado al nuevo tramo del DS01. Todo sugiere que persiste la restricción financiera heredada de la administración anterior; en el DS49 (40% más vulnerable), los préstamos financiarán el 50% de los proyectos nuevos, frente al 100% de los proyectos de arrastre, mientras que en el DS19 (integración social) los préstamos de enlace se reservan únicamente para proyectos de años anteriores”.
La abogada experta en temas de vivienda Jeanette Bruna, dice que “primera vez que un Presupuesto de Vivienda da una señal institucional clara, firme y positiva para desincentivar las tomas de terrenos. El proyecto 2027 no sólo exige geolocalizar y catastrar los asentamientos irregulares, sino que obliga a los directores del Serviu a rendir cuentas mensualmente sobre las querellas penales interpuestas contra quienes usurpen propiedades, aplicando con fuerza la nueva Ley de Usurpaciones. Además, el Estado está disponiendo fondos específicos para financiar la recuperación jurídica de viviendas ocupadas ilegalmente. Es una excelente noticia, pasamos de la inacción administrativa a la defensa activa del Estado de Derecho”.
