Brasil dio un giro radical en su política sobre las apuestas. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva firmó una medida provisoria que prohíbe en todo el territorio nacional la operación de las plataformas conocidas como “bets”.
La decisión abarca tanto las apuestas vinculadas a eventos deportivos como los juegos online y establece restricciones para su explotación, oferta, intermediación y publicidad.
Uno de los primeros efectos de la normativa es que los usuarios ya no podrán realizar nuevos depósitos en sus cuentas de apuestas. Sin embargo, quienes todavía mantengan dinero en estas plataformas tendrán un plazo para recuperarlo.
¿Qué pasará con el dinero de los usuarios?
El calendario establecido por el gobierno brasileño contempla que los apostadores podrán ingresar a las plataformas y retirar sus saldos hasta las 23:59 horas del 5 de octubre.
Desde el 6 de octubre, los sitios y aplicaciones deberán ser bloqueados en Brasil. Posteriormente, las empresas tendrán que informar los montos pendientes asociados a cada usuario para iniciar un proceso de devolución a través de instituciones financieras.
La prohibición también golpeará a la industria publicitaria. Desde la entrada en vigencia de la medida no podrán celebrarse nuevos contratos de publicidad, patrocinio o promoción de casas de apuestas, mientras que aquellos previamente acordados podrán mantenerse hasta el 5 de octubre.
El impacto de las apuestas en las familias brasileñas
La decisión del Ejecutivo fue presentada como parte de un paquete destinado a enfrentar los efectos económicos y sociales asociados al crecimiento de las apuestas.
El gobierno de Lula ha vinculado el fenómeno con problemas de endeudamiento y salud pública. Según cifras oficiales presentadas durante el anuncio, más de 1,3 millones de brasileños han solicitado autoexcluirse de las plataformas de apuestas.
El mercado había experimentado una fuerte expansión durante los últimos años, llegando incluso al fútbol profesional, donde las casas de apuestas se convirtieron en importantes patrocinadores de clubes y competiciones.
Precisamente desde el fútbol surgieron algunas de las principales críticas a la decisión. Equipos brasileños han advertido sobre las consecuencias económicas que podría provocar el término de los contratos con estas empresas.
La medida provisoria ya tiene fuerza de ley, aunque ahora deberá pasar por el Congreso brasileño para mantener su vigencia de manera definitiva.
