El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció este martes 13 de octubre que su Gobierno evalúa un programa de libertad anticipada y condicional para cerca de la mitad de los reos que habrían colaborado con pandillas. La medida estaría sujeta a supervisión y dependería de una revisión individual de cada caso.

Bukele presentó la propuesta durante una sesión de preguntas y respuestas, después de anunciar un acuerdo de inversión en energía con el grupo español COx.

Así sería la libertad condicional de Bukele

El mandatario sostuvo que el plan alcanzaría a una parte considerable de la población carcelaria.

"Tenemos un plan que beneficiaría más o menos a un 50 por ciento, más o menos, de los presos que hay en El Salvador que han colaborado con pandillas", dijo Bukele.

El presidente aclaró que el programa no implicaría borrar la responsabilidad penal de los beneficiarios. Las personas seguirían consideradas culpables, pero podrían salir de prisión bajo ciertas condiciones y con monitoreo.

"Una liberación anticipada, o sea, es culpable, pero liberarlo condicionalmente. Liberarlo con monitoreo", explicó el mandatario.

Según Bukele, la revisión tomaría en cuenta los años de violencia y las circunstancias en que cada persona se relacionó con las pandillas, que ejercieron control territorial.

"Tomando en cuenta que venimos de un país donde la violencia era parte del día a día y las pandillas eran el verdadero gobierno, la verdadera dictadura. Estas personas vivían bajo ese yugo, pero no es lo mismo formar parte de quienes lo aplicaban que simplemente sobrevivir a esa realidad", afirmó Bukele.

El presidente reiteró que su Gobierno examina los expedientes para decidir si las condiciones del país justifican una excepción. Insistió en que se trata de personas culpables que merecen estar en la cárcel.

El Gobierno no informó cuándo iniciaría, cuántos reclusos saldrían, los requisitos del beneficio ni cómo vigilaría las condiciones.

Comisión de revisión y dudas sobre el régimen

El anuncio puso de nuevo sobre la mesa la existencia de una comisión gubernamental que revisa los expedientes de los detenidos durante el régimen de excepción. Bukele explicó que este mecanismo no depende de los jueces ni de la Fiscalía General de la República.

Ibrahim Bukele, hermano del presidente, divulgó la existencia de la comisión en abril. Según sus declaraciones, la integran jueces, fiscales y funcionarios del Ejecutivo, entre ellos la primera dama, Gabriela de Bukele.

El mandatario no detalló la base jurídica del mecanismo, sus criterios ni cómo se articula con los procedimientos judiciales de la Constitución.

Bukele instauró el régimen de excepción en marzo de 2022 y convirtió la seguridad en el eje de su Gobierno. Las detenciones masivas de presuntos pandilleros coincidieron con una reducción drástica de los homicidios y con altos niveles de popularidad dentro del país.

Organizaciones nacionales e internacionales han denunciado presuntas detenciones arbitrarias y restricciones al debido proceso, además de posibles torturas, asesinatos y desapariciones forzadas. Organismos defensores de derechos humanos documentaron más de 500 muertes bajo custodia estatal desde 2022.

Desde enero de 2026, los tribunales adelantaron juicios masivos contra miles de personas a la vez. Abogados consultados por medios advirtieron que los acusados tendrían dificultades para ejercer una defensa individual.

La posibilidad de conceder libertades condicionales marca un cambio, pues Bukele defendió durante años la política de capturas y sostuvo que el margen de error de su estrategia era reducido.

El anuncio coincidió con una conversación entre Bukele y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. El Departamento de Estado informó que hablaron de mantener seguros la infraestructura crítica y los puertos de El Salvador, libres de influencias extranjeras.

Bukele es aliado cercano de Donald Trump. Como parte de esa cooperación, El Salvador alojó en el CECOT, la megacárcel construida en su Gobierno, a cientos de deportados, en su mayoría venezolanos señalados por Washington como presuntos criminales.