Este miércoles la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley antibarricadas 2.0, que busca ampliar el tipo penal frente a la interrupción de rutas del transporte público.

La iniciativa fue aceptada por 89 votos a favor, 41 en contra y 3 abstenciones.

La oposición, por su parte, logró que se aprobara una indicación por parte del diputado Raúl Leiva que estipula que “lo dispuesto en el presente artículo no será aplicable si la persona se encuentra ejerciendo su legítimo derecho a reunión, huelga o manifestación pacífica”.

Contó con un total de 72 respaldos, 61 votos en contra y 1 abstención. En este caso, la indicación de Leiva tuvo respaldos de diputados del Partido de la Gente y el Partido Nacional Libertario.

La aprobación llega tras el fracaso sufrido por el Ejecutivo con el proyecto de ley que buscaba extender el plazo de detención de migrantes irregulares para expulsiones administrativas.

El detalle del proyecto de ley

El proyecto de ley parte de la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) tiene como objetivo el modificar el artículo 268 septies del Código Penal para agregar nuevos incisos, en el que establecen lo siguiente:

“El que, sin estar autorizado o excediendo las condiciones de una autorización otorgada por la autoridad competente, interrumpiere u obstaculizare, total o parcialmente, la libre circulación de personas o vehículos, o el normal funcionamiento de cualquier medio o servicio de transporte público o privado, de pasajeros o de carga, cualquiera sea la vía o infraestructura por la cual opere, y, requerido de manera clara y perceptible por la autoridad competente, no obedeciere pudiendo hacerlo, será sancionado con multa de diez a veinte unidades tributarias mensuales”.

Posteriormente establece que “quien ejecutare la conducta de interrupción u obstaculización descrita en el inciso anterior, aun cuando no haya requerimiento previo de la autoridad, se impondrá la pena de presidio menor en su grado mínimo y multa de diez a veinte unidades tributarias”.

Además de establecer las circunstancias en que esto puede verse penalizado, también establece penas particulares a aquellos que impidan el paso de vehículos de Bomberos, policiales u otros que atiendan emergencias: presidio menor en su grado medio y multa de veinte a cuarenta unidades tributarias mensuales.

Debate parlamentario

La propuesta contó con amplio respaldo en el oficialismo, que remarcó en la necesidad de extender la legislación en la materia y no validar las acciones de violencia.

“La simpatía por una demanda jamás puede convertirse en un privilegio para vulnerar derechos ajenos. La democracia garantiza espacios para expresar las diferencias, pero también exige, ante todo, respetar la libertad del resto”, enfatizó el diputado Eduardo Cretton (UDI).

Para el parlamentario Juan Irarrázaval (Rep) la actual ley no resulta suficiente para las actuales situaciones, lo que hace necesaria su modificación: “Este proyecto busca un equilibrio razonable, se respeta el derecho a manifestarse y al mismo tiempo se protege el derecho de las demás personas a desplazarse y acceder a los servicios de transporte. Me parece que es una respuesta proporcionada a un problema real y sancionando siempre a quienes ocupan la violencia”.

Desde la oposición consideran que el proyecto solo criminaliza la protesta, incluso aquellas que no son violentas.

“La gente no sale a manifestarse porque le gusta bloquear las calles. El pueblo sale a manifestarse porque no tienen derechos. Y cuando hay regímenes más autoritarios, esa manifestación crece, y ustedes lo saben. Es más, les quiero decir algo, la dictadura se combatió en las calles”, señaló Lorena Pizarro (PC), quien incluso adelantó en que caso de aprobación llevaría la iniciativa al Tribunal Constitucional o incluso instancias internacionales.

Gonzalo Winter (FA) criticó que el proyecto no enfrenta situaciones contra el crimen organizado o el tráfico de drogas, como esperaría de una iniciativa parte de la ACOT.

“Este proyecto de ley es innecesario y es atentatorio contra la posibilidad de manifestarse pacíficamente y ese es el objetivo declarado”, remarcó, además de pedir coherencia en situaciones como las manifestaciones de camioneros.

Para José Antonio Rivas (PS) las marchas ocurren cuando a la ciudadanía “se les conculcan sus derechos, cuando hay gobiernos que salen electos por la democracia pero que no les gusta la democracia”.

“Este proyecto quiere castigar a quien obstaculice incluso parcialmente una vía sin violencia, sin intimidación. Y además tiene errores graves esta ley. Crea un delito de mera desobediencia que no protege ningún bien jurídico, basta con no acatar una orden. Sanciona el ingreso no autorizado a las vías con una amplitud talque alcanza conductas que jamás deberían ser delito. Y fija multas en unidades tributarias sin decir si son mensuales o anuales”, criticó.

En otras colectividades como el Partido de la Gente y el Partido Nacional Libertarios también apoyaron la iniciativa.

“Considero necesario que avancemos con una regulación clara, proporcional y aplicable que proteja a la libre circulación sin confundirla con el legítimo derecho a manifestarse”, señaló Paula Olmos (PDG).

En tanto, Álvaro Jofre (PNL) entregó su apoyo enfatizando que “frente a quienes hagan del desorden una estrategia y de la violencia un método, el Estado debe responder con toda la fuerza de su autoridad. Si se pretende convertir el caos en una herramienta política, el deber nacional es restablecer el orden y asegurar que ningún grupo puede imponer por la fuerza su voluntad sobre el conjunto de la Nación”.