El socio de la corredora de bolsa Larraín Vial, Abc y CIC, Leonidas Vial Echeverría, lanzó su última ofensiva en tribunales para intentar anular la multa de 500 mil UF que le aplicó en 2014 la Superintendencia de Valores y Seguros (hoy CMF) en el marco del denominado caso Cascadas.
A más de doce años de la dictación de la histórica sanción, la Tercera Sala de la Corte Suprema está ad portas de revisar recursos de casación, en alegatos programados para las semanas previas, pero que no han contado aún con tribunal.
La defensa del empresario es encabezada por los abogados Alfredo Alcaíno y Marcelo Giovanazzi y el 24 de septiembre, en un escrito de 25 páginas, criticó duramente la actuación del Consejo de Defensa (CDE), solicitando rechazar el recurso de casación en el fondo interpuesto por el organismo, con costas.
El 2 de septiembre de 2014, la SVS acusó un esquema de manipulación de mercado y operaciones ficticias, ejecutado entre 2008 y 2011, sobre acciones de las sociedades controladoras de SQM, ligadas a Julio Ponce, por las que dictó multas por más de 4 millones de UF (unos US$ 164 millones de la época). Vial, junto al los exejecutvios de la corredora Manuel Bulnes y Felipe Errázuriz, representados por el abogado Florencio Bernales son los únicos de los nueve sancionados cuyas multas han sido desestimadas en primera y segunda instancia, y esperan confirmar este resultado en el máximo tribunal.
“Han pasado más de 10 años desde que el 29° Juzgado Civil de Santiago ordenó dejar sin efecto la improcedente y comprobadamente desproporcionada sanción que la Superintendencia de Valores y Seguros (hoy la CMF) impuso a León Vial", dice el recurso.
“Llama la atención que después de tanto tiempo, la CMF persista en plantear un recurso para que sea conocido por la más alta magistratura respecto de un caso cuya improcedencia era manifiesta en los albores del conflicto”, agrega.
En su presentación, la defensa de Leonidas Vial sostuvo que “después de tanto tiempo y revuelo mediático, la CMF no ha logrado entregar siquiera una novedad, una razón o un pensamiento o al menos, una ocurrencia, que explique por qué ya dos tribunales habrían incurrido supuestamente en un yerro al decidir en la forma en la que lo hicieron. La recurrente no ofreció más en esta sede que un sempiterno caso y su férreo voluntarismo”.
Sin embargo, “ni contumacia ni convicción son causales de casación en el fondo, como tampoco son suficientes causales para configurar un error jurídico, ni menos uno que sea de tal entidad que amerite la anulación del fallo recurrido”.
“El recurso del CDE es un disfraz del disfraz: un recurso de casación que en realidad esconde una apelación, que en realidad esconde el desacuerdo de la CMF con el hecho que el Legislador hubiere dotado de potestades a los Tribunales de Justicia para controlar la legalidad de los actos de la Administración”, acota el téngase presente de sus abogados.
Según la defensa del empresario, “no hay que ahondar mucho en el farragoso recurso del CDE para notar que detrás de tanto supuesto vicio no se esconde otra cosa que el ánimo del recurrente de que la Corte Suprema revise la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago por la razón que sea”.
También recordo que anteriormente en un escrito advirtió al tribunal que “este recurso carece de un caso de infracción normativa claro y que, en realidad, corresponde a una apelación enmascarada, al punto que incluso había párrafos del recurso de casación y de apelación del CDE que eran un copy paste. Un autoplagio que, lejos de alivianar sus cargas procesales, deja en evidencia la manifiesta falta de fundamentos de la que adolece el recurso”.
Vicios
La defensa de Vial sostuvo que el CDE incumple los requisitos legales contemplados del Código de Procedimiento Civil, pues a su juicio no denuncia verdaderos errores de derecho ni infracciones a normas que hayan determinado el fallo.
“Ni siquiera el CDE tiene claridad respecto a cuáles de los vicios que denuncia se cometieron en la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones, y ni corto ni perezoso, deja en manos de esta Excma. Corte el determinar cuál de las opciones que propone puede resultar plausible. Insólito”, acotó.
En ese sentido, destacó que el Consejo se limita a reiterar un caso sistemáticamente rechazado durante más de diez años, buscando de forma voluntariosa una “segunda oportunidad” para que la Suprema revise los hechos y modifique lo resuelto, lo cual contraviene la naturaleza extraordinaria de la casación.
La defensa del empresario advirtió que el trasfondo del recurso refleja la intención constante de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y del CDE de evadir el control de legalidad que los tribunales de justicia ejercen sobre los actos de la administración.
“No corresponde que el CDE desconozca abiertamente sus propios dichos y pretenda que esta Excma. Corte declare que los tribunales de instancia no tienen potestad para juzgar irracional o contraria a derecho una decisión de la CMF”, agregó.
“Tampoco corresponde que el CDE pretenda que ‘valoración del expediente administrativo’ sea sinónimo de aceptar lo decidido en el acto como si fuese una verdad infalible, un dogma de fe”, concluyó.
