La jefa de Gobierno, Clara Brugada, propuso mecanismos alternativos, como la mediación, para solucionar faltas cívicas, y al mismo tiempo, impulsa aumentar el monto de las sanciones por este tipo de conductas.
Lo anterior está incluido en la iniciativa para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones a la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, que entregó el miércoles al Congreso local, donde refiere que fomenta la justicia alternativa e itinerante, pero a la vez impulsa incrementar las sanciones por diversas faltas y crea nuevas infracciones.
En la exposición de motivos se lee que la implementación de un modelo de justicia cívica con enfoque restaurativo tiene impactos positivos directos en la reducción de cargas en el sistema penal, la disminución de conflictos recurrentes, la prevención de conductas antisociales, la mejora de la percepción de seguridad y el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática en los territorios.
“La aprobación de esta reforma a la ley envía un mensaje político concreto e inequívoco: la Ciudad de México elige anticiparse al conflicto, prevenir la violencia y reconstruir el tejido social desde la cercanía y la dignidad humana; fortalece la confianza ciudadana en las instituciones, dignifica la función pública, optimiza los recursos del Estado y consolida un modelo de justicia que resuelve, repara y transforma”, indica.
Proponen alza
En cuanto al apartado de infracciones, se propone un alza.
Actualmente las infracciones tipo A se sancionan con una multa por el equivalente de uno a 10 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), pero se impulsa que sea de 11 a 40 UMA.
Las tipo B se castigan con 11 a 40 UMA, pero la propuesta busca que sea de 21 a 50 UMA; en tanto, las tipo C pasarían de 21 a 30 UMA a una infracción de 31 a 60 UMA.
Las sanciones tipo D y E, que se castigan con arresto de 20 a 36 horas, pasarían a un arresto de 25 a 36 horas y de 30 a 36 horas, respectivamente. Las tipo F se mantienen con arresto de 24 a 36 horas.
La iniciativa estipula que, para la imposición de las sanciones, los jueces considerarán las condiciones personales, sociales y económicas del infractor.
Se plantea que haya infracciones contra la salud pública y el medio ambiente, como contaminar el agua, encender fogatas, fumar en espacios públicos o áreas concurridas y desperdiciar agua.
Habría infracciones en materia de protección a los seres sintientes, como pasear sin protección, peleas y abandonarlos.
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