Este jueves en la mañana, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago escuchará los alegatos de las partes sobre el cierre definitivo o la reapertura de la arista penal del denominado caso Australis, donde se enfrentar la china Joyvio y el empresario chileno Isidoro Quiroga.

El mismo tribunal rechazó, el 20 de agosto, la solicitud de Joyvio y su filial Australis para ampliar el plazo de investigación, ordenando el cierre de esta fase de la disputa. En esa audiencia, el fiscal Juan Pablo Araya comunicó su decisión de separar la investigación actual, centrada en delitos de administración desleal y estafa, causa en la que decidió no perserverar, de eventuales ilícitos ambientales. Esta última hebra es la que Joyvio tomó para presentar una nueva querella contra Quiroga.

La nueva acción penal, patrocinada por los abogados Jorge Bofill y César Ramos, apunta a los delitos de “propagación indebida de agentes susceptibles de poner en peligro la salud animal o vegetal, y de introducción de agentes contaminantes con daño a recursos hidrobiológicos”. La querella se dirige en conta Isidoro Quiroga, su hermana María Victoria, y sus hijos Isidoro y Benjamín Quiroga Cortés, además del ex presidente de la salmonera, Martín Guiloff, el ex gerente de finanzas Santiago Garrteón, y el ex fiscal Rubén Henríquez.

Joyvio compró Australis a Quiroga en 2019 en US$ 921 millones. Cuatro años después, la asiática inició arbitrajes y juicios penales, alegando que el vendedor ocultó información que abultó artificialmente el precio de Australis. Entre ellas, un plan de sobreproducción sistemática.

En la nueva querella, la gigante china -a través de las sociedades Australis Seafood, Australis Mar, Acuícola Cordillera y Salmones Islas del Sur- denuncia que existió “un plan concertado, diseñado y posteriormente aprobado, ejecutado y mantenido por los querellados, con el objeto de producir un volumen de toneladas de salmones con infracción a lo establecido en las respectivas Resolución de Calificación Ambiental (RCA), que autorizaban y limitaban la capacidad productiva de cada uno de los centros de engorda de salmónidos de las compañías”.

“La sobreproducción no fue un hecho aislado, sino una práctica asentada en la compañía desde, al menos, el año 2015, que fue exacerbada por los querellados, desde distintos roles y concertadamente, a partir del año 2018, mediante un plan productivo que proyectaba superar las 100.000 toneladas anuales de cosecha, y que fue mantenida y ocultada, incluso por quien tenía a su cargo el cumplimiento de la normativa ambiental de las compañías, hasta el año 2022”, consignó la acción penal.

De acuerdo al escrito, “unas y otras conductas importaron la propagación indebida de organismos, productos y agentes susceptibles de poner en peligro la salud animal y vegetal de los ecosistemas marinos en que se emplazan los CES (en particular, mediante la generación de condiciones anaeróbicas en el fondo marino) y la introducción, sin autorización y contraviniendo sus condiciones, de agentes contaminantes en el mar con daño a los recursos hidrobiológicos, todo ello ejecutado por quienes, desde la administración de las compañías, instrumentalizaron sus concesiones y permisos ambientales para fines ilícitos”.

Deposiciones

De acuerdo al escrito, el exceso del límite fijado por la RCA introduce en el medio marino una carga productiva y orgánica superior a la considerada en la evaluación ambiental del proyecto, fundamentalmente a través del aumento del alimento suministrado y, por consiguiente, del alimento no ingerido y de las deposiciones de los peces.

“Cuando esa carga supera la capacidad de asimilación del ecosistema, puede generar condiciones de hipoxia o anaerobiosis, eutrofización y afectación de los ecosistemas bentónicos. Además, la superación del límite autorizado expone a las compañías a sanciones administrativas, entre ellas multas y hasta la revocación de la RCA, en casos muy graves y reiterados”, sostiene la querella.

El reglamento ambiental para la acuicultura establece que “el titular de un centro de cultivo no podrá superar los niveles de producción aprobados en la resolución de calificación ambiental” y obliga a los centros de cultivo a acreditar periódicamente, mediante la denominada Información Ambiental (INFA) que el área de sedimentación del centro mantiene condiciones aeróbicas.

“Los querellados diseñaron, aprobaron, ejecutaron y mantuvieron un plan de producción, es decir, de siembra y cosecha, que deliberadamente prescindía de los límites impuestos por los permisos ambientales. Es decir, la sobreproducción se transformó en un verdadero modelo de negocios que no tomaba en cuenta en absoluto la normativa ambiental que regula el giro exclusivo de ASF y sus filiales, ni la capacidad de los ecosistemas marinos intervenidos para soportar la carga orgánica que ese modelo generaba”, cerró.

“Manotazo de ahogado”

A través de una declaración por escrito, Asesorías e Inversiones Benjamín Limitada (family office de Isidoro Quiroga) respondió a Pulso que “esta nueva acción corresponde a un nuevo manotazo de ahogado de Joyvio, después de los sucesivos reveses que ha sufrido su estrategia judicial y de que la propia Fiscalía resolviera no perseverar en la investigación penal por no contar con antecedentes suficientes para sostener una acusación”.

“Resulta especialmente llamativo que esta querella se presente justo cuando la prensa informa que la Fiscalía Nacional acaba de abrir de oficio una investigación para esclarecer las comunicaciones entre uno de los abogados de Joyvio y un alto funcionario de la PDI, fuera de los canales institucionales de la investigación, y cuyos antecedentes han sido utilizados por los propios querellantes para intentar reabrir una causa ya cerrada por el Ministerio Público”, señaló Inversiones Benjamin, en alusión a una indagatoria abierta por comunicaciones realizadas por el penalista Hugo Rivera, otro defensor de Joyvio.

“En cualquier caso, la querella carece de cualquier fundamento. Los propios querellantes han informado a la Superintendencia del Medio Ambiente que ‘no se generó daño o peligro a partir de la sobreproducción imputada’ y que ‘los hechos materia de los descargos no han generado un daño o peligro a componentes ambientales ni de otro tipo’ descartando las bases de la querella”, añadió.

“Frente a esta nueva acción ejerceremos, como siempre, todos los mecanismos de defensa correspondientes y acreditaremos que estas acusaciones carecen de fundamento”, concluyó