La ciencia abierta democratiza quién puede sentarse a la mesa del conocimiento. Un artículo indexado detrás de un muro de pago, una base de datos con acceso limitado a quienes están suscritos o una patente sin condiciones claras de acceso, terminan filtrando quién investiga y quién simplemente recibe los resultados. Cuando los datos, las publicaciones y las metodologías circulan con reglas transparentes, un investigador de otro continente, un estudiante de pregrado, una comunidad local, o un emprendedor que nunca pisó un laboratorio, pueden construir y contribuir sobre lo que otros ya avanzaron, en lugar de partir de cero. Esa es la promesa real de la apertura: no la ausencia de reglas, sino reglas que amplían quién participa en la ciencia y quién se beneficia de ella. Por eso vale la pena diseñarlas bien.
Chile lleva meses con la ciencia en la palestra noticiosa. En junio, el Congreso despachó la Ley de Transferencia de Tecnología y Conocimiento (Boletín 16.686-19), que crea un marco para que la investigación financiada con fondos públicos llegue al mercado y a la sociedad, dando vida a un Repositorio Nacional de Conocimiento e Información Científica y Tecnológica administrado por ANID.
En ese contexto, el paradigma de democratizar el acceso al saber que propone e impulsa la Ciencia Abierta a nivel global, haciendo que la investigación científica, los datos y sus resultados sean accesibles, transparentes y reutilizables para toda la sociedad adquiere aún más relevancia al evitar que muros de pago o licencias ambiguas filtren quién investiga y quién solo consume resultados. Entonces cabe preguntarse: ¿compite la protección de los activos intangibles con la democratización del conocimiento? La propiedad intelectual no es la antítesis de la ciencia abierta, sino la herramienta normativa que la viabiliza y regula estratégicamente. Lejos de desvanecerse en dicho paradigma, la propiedad intelectual se vuelve más precisa y necesaria que nunca: aporta las reglas de juego para que investigadores, industria y sociedad compartan valor de manera transparente y sostenible.
Esta tensión está documentada. En un informe reciente sobre ciencia abierta y propiedad intelectual, la Comisión Europea reconoce que la literatura académica rara vez aborda ambos temas de manera conjunta, persistiendo la idea de que una propiedad intelectual más fuerte compite, en vez de convivir, con la apertura del conocimiento. La pandemia lo hizo evidente: la preocupación por que las patentes limitaran el acceso a las vacunas puso a la propiedad intelectual bajo sospecha pública como nunca.
Sin embargo, el mismo estudio ofrece una idea que reordena esas certezas. Si el marco de propiedad intelectual se diseña correctamente desde el origen, se convierte en una herramienta esencial para regular la ciencia abierta, no en su obstáculo. No son antagonistas. Cuando están bien diseñados, forman parte de un mismo engranaje. Tres evidencias lo confirman.
El sistema de patentes es el primer argumento en esa dirección. Millones de documentos están disponibles gratis en bases de datos de libre acceso, apenas dieciocho meses tras la solicitud, y la mayoría de las patentes históricas ya expiraron, es decir, esas tecnologías son dominio público actualmente. El sistema exige divulgación a cambio de protección temporal: la propiedad intelectual, bien entendida, siempre tuvo apertura incorporada.
El software libre aporta un segundo argumento. Sus comunidades usan el copyright deliberadamente para forzar la apertura de sus creaciones: licencian, no renuncian. Es gestión de propiedad intelectual con otro propósito.
Los datos científicos ofrecen un tercer argumento. Un estudio reciente sobre biodiversidad y datos científicos confirma algo que se observa a diario. Gran parte de los datos de investigación como mediciones, observaciones o registros de sensores, ni siquiera están protegidos por derecho de autor, porque se trata de hechos y resultados, no obras creativas. Lo que sí puede protegerse es la base de datos que los organiza, bajo un derecho distinto y más acotado. Confundir ambas capas lleva a errores frecuentes: licenciar datos que nadie podría reclamar como propios, o dejar sin licenciar una base que sí lo requiere. Ahí es donde la mirada experta en propiedad intelectual deja de ser un obstáculo y se vuelve indispensable para abrir con criterio.
Dejar de ver “abierto” y “protegido” como polos opuestos, y verlos como puntos de una misma decisión estratégica, es el principio que hoy guía cada vez más políticas de ciencia abierta: tan abierto como sea posible, tan cerrado como sea necesario. No es una fórmula ambigua; exige justificar cada cierre, en lugar de justificar cada apertura.
Impulsar una política de ciencia abierta implica que ya no hay desconfianza de quien cede terreno, sino la convicción de quien diseña reglas claras para que investigadores, industria y sociedad compartan valor sin perder la posibilidad de protegerlo cuando corresponde. La propiedad intelectual no desaparece en la ciencia abierta: se vuelve más precisa, más consciente y, se podría decir, más necesaria que nunca.
*Directora de Desarrollo y Transferencia, Universidad de Las Américas
