Un récord histórico en el uso de las herramientas de acceso a la información pública se registró en Chile durante el primer semestre de 2026.
Según el balance presentado por el Consejo para la Transparencia (CPLT) al cumplirse 18 años de la promulgación de la Ley de Transparencia, entre el 1 de enero y el 30 de junio se ingresaron 167.185 solicitudes a distintos organismos del Estado, la cifra más alta registrada desde la puesta en marcha del Portal de Transparencia en 2013.
Asimismo, la plataforma oficial recibió 4.598.319 visitas en el periodo, lo que representa un incremento superior al 12% en comparación al mismo semestre de 2025, superando además los 50 millones de visitas acumuladas desde su creación.
Materias más consultadas y organismos requeridos
Las materias con mayor volumen de consultas fueron migraciones y residencia (15.652 solicitudes); sumarios administrativos, oficios de Contraloría y procedimientos (13.627); grabaciones de cámaras de seguridad por accidentes y robos (13.535); antecedentes sobre propiedades y terrenos (11.683); y pagos, multas y deudas (11.338).
Respecto a la distribución del destino de las consultas:
- Gobierno Central: Concentró el 63% del total (105.335 solicitudes).
- Municipalidades y entidades locales: Recibieron el 35,7% (59.659).
- Gobiernos Regionales y afines: Representaron el 1,3% (2.191).
A nivel de instituciones, el Servicio Nacional de Migraciones fue la entidad más requerida del país con 9.245 solicitudes, seguida por la Subsecretaría de Bienes Nacionales (4.750) y la Dirección General de Aguas (3.971).
Aumento de amparos y respaldo de los tribunales
Durante los primeros seis meses del año, ingresaron 8.620 casos al CPLT, de los cuales 7.282 correspondieron a amparos de ciudadanos que no recibieron respuesta o consideraron que esta era incompleta, mientras que 1.338 fueron reclamos por falta de información en los sitios de Transparencia Activa.
En el ámbito judicial, las Cortes de Apelaciones dictaron 110 sentencias derivadas de recursos de ilegalidad presentados contra decisiones del CPLT (frente a las 62 del mismo periodo en 2025). En el 93,6% de los fallos, los tribunales ratificaron el criterio del Consejo, acogiendo únicamente siete recursos de forma total o parcial.
Al respecto, la presidenta del CPLT, Natalia González, enfatizó el impacto práctico del sistema: “Estos datos muestran que la transparencia no es un asunto abstracto: las personas la usan para resolver problemas concretos, desde conocer el estado de un trámite hasta reunir antecedentes por un accidente. También vemos que más ciudadanos recurren al Consejo cuando un organismo no responde o mantiene información sin publicar”.
Asimismo, advirtió sobre la importancia de garantizar este derecho evitando un uso abusivo que distraiga las labores prioritarias de la función pública.
Llamado a actualizar la normativa
A la luz de los datos presentados, el Consejo para la Transparencia reiteró la necesidad de modernizar la legislación vigente.
La propuesta busca aprovechar las nuevas tecnologías para facilitar el acceso a datos en formatos abiertos y reutilizables, establecer un sistema único para todas las instituciones del Estado y fortalecer las capacidades de fiscalización.
El CPLT, como organismo autónomo encargado de velar por el cumplimiento de la ley, mantiene sus facultades para instruir investigaciones sumarias e imponer sanciones que van desde el 20% al 50% de la remuneración de las autoridades o funcionarios infractores.
