“El derecho a la ciudad es mucho más que la libertad individual de acceder a los recursos urbanos: es el derecho a cambiarnos a nosotros mismos cambiando la ciudad”.

David Harvey, “The Right to the City”

Clara Brugada fue a Nueva York, se subió al Metro de allá —la foto no podía faltar— y regresó hablando de la ciudad del futuro. En el foro Urban 20 presentó las Utopías, el sistema de cuidados, la vivienda social y la economía de barrio como si la Ciudad de México estuviera lista para dar clases de urbanismo. ¡Qué alivio! Ya no tendremos que arreglar los problemas de la capital; bastará con invitar alcaldes extranjeros a admirar cómo los resolvimos…

No puedo decir que el viaje no tuvo una razón oficial, estaría mintiendo. Además Brugada aseguró que los organizadores pagaron el traslado y los viáticos. El Congreso de la CDMX autorizó su salida y le pidió un informe de actividades. Perfecto: que lo entregue y que publique el detalle de la agenda, la delegación y los resultados. Una invitación puede pagar el avión; no puede pagar la rendición de cuentas.

Ahora bien, lo interesante no es que se haya reunido con Zohran Mamdani. Para eso era la cumbre. Lo sorprendente es la facilidad con que Brugada convierte cada foro en escaparate personal: habla de una ciudad modelo en Nueva York y, mientras tanto, aquí muy bajita la mano empieza una consulta que puede orientar durante años las decisiones de 84 alcaldías y municipios de cuatro entidades.

¿Lo sabían? El Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México se puso a consulta del 24 de septiembre al 22 de noviembre. Sesenta días tenemos para revisar un instrumento que abarca la capital, 59 municipios mexiquenses, ocho de Hidalgo y uno de Morelos. Los habitantes de la ciudad que Brugada presentó como ejemplo internacional tiene dos meses para enterarse de qué va el programa que ayudará a ordenar su territorio.

Hasta ahora, la defensa oficial de la premura y del POZMVM es que este solo tiene carácter orientativo: “no cambia por sí mismo los usos de suelo, no concede permisos de construcción ni fija el predial”, dicen en el gobierno capitalino. Bien. Pero el mismo proyecto incluye propuestas para actualizar información catastral y fortalecer la recaudación.

Por lo mismo, la pregunta no es si mañana llegará un cobrador con el nuevo mapa bajo el brazo. La cuestión es qué podrán hacer después las autoridades con un padrón más completo y una valoración más precisa de cada propiedad.

Enrique Quintana abordó en El Financiero hace unos días la iniciativa federal de armonización catastral y registral. Su conclusión jurídica es atendible: esa ley no ordena por sí misma subir tasas ni actualizar valores catastrales. Pero de ahí a decir que no tiene nada que ver con un previsible aumento del predial hay un salto y no necesariamente cuántico. Veamos: el propio artículo del columnista explica que la plataforma permitirá identificar propiedades, incorporar predios omitidos y mejorar el cobro. Si el mapa muestra más, los gobiernos locales podrán decidir cobrar más. Obvio. Quintana lo dice casi al final: la iniciativa permitirá construir el mapa; faltan autoridades que decidan cobrar por lo que el mapa muestra. Ahí está el riesgo.

No afirmo que la homologación suba automáticamente el impuesto: afirmo que construye mejores herramientas para actualizar padrones, detectar predios no registrados y acercar valores catastrales a los comerciales. Si luego un gobierno y su Congreso local actualizan esos valores, el recibo puede subir aunque la tasa no cambie (ya no se digan los servicios y la mejora en infraestructura urbana particular de cada colonia). La matemática fiscal también sabe disfrazarse de trámite administrativo.

Mas el asunto no termina en el predial. Cuando se centralizan y vinculan datos catastrales y registrales, el Estado obtiene una radiografía más precisa de quién posee qué, dónde está, cuánto mide y qué valor se le atribuye. Esa información puede servir para planear mejor; también puede habilitar nuevas decisiones arbitrarias, netamente con fines fiscales y para beneficio electoral de la 4T sobre suelo y propiedad. Así que el problema no es tener datos; por favor no se malinterprete. El asunto es entregarlos sin explicar con precisión qué facultades abrirán, quién las ejercerá y qué garantías tendrá la ciudadanía.

Por eso no compro el “no pasa nada” de Metrópolis (es nombre de ciudad irreal -porque no es real— que se ha agenciado la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana del Gobierno de la CDMX). La autoridad asegura que cualquier medida sobre “predios baldíos” (o lo que esta considere cae en esa categoría) requeriría una declaratoria, una delimitación y un procedimiento posterior. De acuerdo: entonces que expliquen cuáles serían, quién los inicia y qué audiencia e indemnización corresponderían. En otras palabras, no hace falta afirmar que Brugada va a quitarle la casa a alguien para advertir que un instrumento urbano puede preparar decisiones que sí afecten la propiedad privada.

La Comisión para el PGD de Somos por México advierte que el proyecto podría tener efectos sobre predial y propiedad. Algunas de sus alertas más graves requieren comprobarse directamente en el texto y sus anexos. Yo no las presentaría como hechos consumados, pero tampoco tengo ninguna intención -espero ustedes tampoco— por quedarme satisfecha con que diga el gobierno que eso se resuelve con un “no es vinculante”. La ciudadanía necesita saber qué sí propone el programa, qué no puede hacer por sí solo y qué acciones quedan en manos de los gobiernos locales.

También urge aclarar el calendario de la consulta indígena (que es otra a la mencionada antes). El protocolo marco se publicó en el Diario Oficial el 21 de septiembre; Sedatu, sin embargo, había informado que alrededor de 130 pueblos, barrios y comunidades participaron en el proceso para elaborarlo. ¿En serio? Que se publiquen las convocatorias, las fechas, las actas y las propuestas recibidas hasta el 20 de septiembre. Esa consulta previa no se acredita contando asistentes después.

Una consulta pública —ahora la general y “no previa”, valga el enredo— tampoco consiste en subir un documento a internet y esperar que la ciudadanía se convierta, en sus ratos libres, en especialista en ordenamiento territorial. Si Brugada presume que escucha a la gente, que publique, primero, cómo participar y, luego, una matriz completa de quién participó, qué planteó, qué se aceptó y qué se rechazó entre el 24 de septiembre y el 22 de noviembre de este año. La propia página del programa promete trazabilidad entre observaciones y cambios. Que cumplan su promesa.

Brugada habla de vivienda asequible y de una ciudad para todos; al mismo tiempo, gobierna una capital donde millones dependen de servicios que distan mucho de la utopía que presentó en Nueva York. Y ahora se pide a esos mismos habitantes que revisen en dos meses un plan metropolitano cuyo lenguaje técnico puede afectar cómo se ordena el suelo y cómo se administran los datos sobre sus propiedades. La postal internacional es sencilla. La letra chiquita, como siempre, toca leerla en casa.

No necesito sostener que Brugada fue a Nueva York a desafiar a Claudia Sheinbaum para advertir la jugada. La jefa de gobierno se construye una voz propia, una imagen internacional y una plataforma política que podrá servirle más allá de la capital. La emisaria del obradorismo ya no parece conformarse con llevar el mensaje: también quiere ser quien lo protagonice. Y qué mejor escenografía que una cumbre de alcaldes, con Mamdani a un lado y la Ciudad de México —en la presentación, al menos— convertida en paraíso urbano.

Señoras y señores, como diría el clásico que antecede un atraco: “ya se la saben”. Gobernar no es posar en el servicio de transporte público ajeno ni presentar programas sociales con nombres de ensueño, como si bautizarlos equivaliera a hacerlos funcionar. Gobernar es explicar qué planeas, qué efectos puede tener y quién pagará el costo. Debemos exigir eso; exactamente eso.

Brugada quiere que el mundo mire la ciudad que presume. Pues bien. Que empiece por permitir que quienes viven en ella entiendan el mapa que les está poniendo enfrente.

David Harvey habla del derecho colectivo a cambiar la ciudad. Brugada parece entenderlo al revés: primero se diseña el dibujo desde el poder y luego se invita a la gente a opinar —de forma no vinculante, claro está—, pero antes de que venza el plazo. La utopía, faltaba más, también tiene fecha límite.

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