La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), a cargo de Rosario Piedra, rechazó haber negado atención a las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa durante la manifestación del 24 de septiembre en sus instalaciones y señaló que a más de dos meses de emitir la Recomendación 208VG/2026, no ha recibido su aceptación por parte de las autoridades a las que fue dirigida.
Al cumplirse 12 años de la desaparición forzada de los estudiantes, el organismo precisó en un comunicado que no ha recibido la aceptación de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), ni de la Fiscalía General de la República (FGR).
Sobre la protesta en sus instalaciones, sostuvo que su presidenta, tuvo disposición para escuchar a las familias, dialogar y responder a sus demandas, y aseguró que esa apertura se mantiene.
“En todo momento hubo la plena disposición de su presidenta Rosario Piedra para escucharlos, para dialogar y para ofrecerles todas las respuestas que reclamen y necesiten; y que esa disposición sigue y la seguirá habiendo para cuando ellos lo decidan”, señaló.
La CNDH afirmó que su interés es que se investiguen todos los hechos y a todas las personas que sea necesario, para poner fin a “tanta mentira, encubrimiento, ineficiencias y omisiones que han enturbiado el caso”.
Defendió la Recomendación 208VG/2026, emitida el 9 de julio, y sostuvo que fue elaborada a petición expresa de las víctimas, con quienes aseguró haberse reunido las veces que lo solicitaron.
Explicó que el documento busca proteger los derechos de las familias de los normalistas desaparecidos y de los estudiantes sobrevivientes, quienes, de acuerdo con el organismo, no han contado con apoyo para reconstruir sus proyectos de vida.
“Todo, absolutamente todo lo que contiene la Recomendación 208VG/2026, está perfectamente sustentado y documentado. Nada de lo que en ella se expone es inventado, ni producto de una narrativa de escritorio”, aseguró.
Añadió que sus conclusiones se sustentaron en una investigación realizada dentro de sus atribuciones y en la información y respuestas de las autoridades señaladas como participantes en los hechos o como probables responsables.
Además subrayó los límites de sus facultades y señaló que su labor consiste en emitir recomendaciones, aportar elementos y proponer posibles líneas de investigación a las autoridades competentes.
“La CNDH no hace tareas ministeriales ni sustituye a los tribunales. No es Ministerio Público, ni tiene las funciones de un juez”, expresó.
También reiteró su solidaridad con las madres y padres de los normalistas y con los sobrevivientes, y llamó a las autoridades a profundizar en las nuevas investigaciones, cumplir sus deberes constitucionales y observar los estándares internacionales para alcanzar la verdad y la justicia.
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