¿Con los niños no? Amílcar y los López Beltrán difieren

“Todo para nosotros y nada para los demás parece haber sido, en todas las épocas del mundo, la vil máxima de los amos de la humanidad”.

Adam Smith, La riqueza de las naciones

La presunción de inocencia acaba de recibir una mejora muy al estilo del oficialismo: la presunción de que no hace falta investigar. Claudia Sheinbaum consulta a Ernestina Godoy y anuncia que no hay indagatoria contra Andy López Beltrán. Es a las familias de niños con cáncer, entonces, a quienes les corresponde presentar una denuncia para que alguien averigüe qué ocurrió con los medicamentos. Una parte obtiene tranquilidad desde Palacio; la otra tiene que llevar sus sospechas, sus papeles y su dolor hasta la Fiscalía.

Ese es el verdadero alcance de aquel “con los niños no” que Beatriz Gutiérrez Müller exigió en 2018 para proteger a Jesús Ernesto. Tenía toda la razón: un menor no debe pagar por la actividad política de sus padres. Pero la universalidad de la consigna empezó a encogerse cuando otros padres pidieron atención. En 2020, su respuesta fue: “No soy médico, a lo mejor usted sí. Ande, ayúdelos”. Después se disculpó. Lo que faltaba era solidaridad, no una consulta de oncología...

Años después, la diferencia sigue organizando la discusión pública: cuando el daño alcanza a la familia presidencial, se exige detenerlo de inmediato; cuando alcanza a las demás, se exige que los afectados lo demuestren. Por supuesto que una acusación necesita pruebas. Lo extraordinario es que el gobierno parezca más interesado en acreditar que sus conocidos carecen de expediente que en averiguar si los pacientes recibieron el tratamiento necesario en los nosocomios públicos.

El 7 de octubre, el Movimiento Nacional por la Salud de Niños con Cáncer, Nicoatole y De Corazón denunciaron ante la FGR a Andrés Manuel López Beltrán y Jorge Amílcar Olán por presuntas irregularidades en las compras de medicamentos. Solicitan investigar, entre otros delitos, genocidio, delincuencia organizada y homicidio culposo. La denuncia no acredita esas conductas ni demuestra las más de cinco mil muertes que los colectivos atribuyen al desabasto. Sí coloca una obligación frente al Estado: examinar minuciosamente los hechos. Discutir la palabra “genocidio” puede ocupar muchas mesas de análisis; localizar los lotes y revisar las entregas sería bastante más útil, justo y rápido.

Porque, verán ustedes, el problema empieza antes de la clasificación penal. Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad documentó que Romedic, de Amílcar, recibió más de 490 millones de pesos de recursos del Insabi canalizados por Tabasco y Quintana Roo entre 2020 y 2022. Seis días antes del contrato quintanarroense por 274 millones, Cofepris había incluido a esta empresa entre los distribuidores que incumplían la regulación sanitaria: los verificadores no encontraron su establecimiento. Para inspeccionarla, la empresa era inubicable. Para contratarla, nadie perdió la dirección...

Ese antecedente no demuestra que la citada empresa vendiera medicamentos falsos ni que esos contratos causaran muertes de niños con cáncer. Demuestra algo que merece su propia investigación: una advertencia sanitaria coexistió con una contratación millonaria. ¿Quién revisó la alerta y qué hizo con ella? Un gobierno que ofreció acabar con los negocios a costa de la salud de la gente tendría que explicar por qué sus filtros dejaron pasar a ese proveedor. Así que defender la amistad de Amílcar con el hijo de López Obrador desde la sede misma del partido oficialista no contesta la pregunta. Siendo objetivos, denunciar esa amistad, por sí sola, tampoco.

Pero aquí lo verdaderamente importante: hay una diferencia fundamental entre comprobar una compra y comprobar que se atendió a un paciente. La factura puede estar pagada, el contrato cerrado y el informe entregado mientras el tratamiento sigue incompleto. Si el gobierno celebra lo que gastó sin acreditar qué llegó, cuándo llegó y en qué condiciones, termina rindiendo cuentas al proveedor, pero el enfermo queda relegado a una simple molestia que no aparece en el balance.

El politólogo Dennis F. Thompson llamó a esto el “problema de las muchas manos”: cuando numerosos funcionarios participan en una decisión, resulta difícil atribuir responsabilidades por cuanto al resultado. En México hemos añadido una facilidad práctica a esa teoría: las manos alcanzan para autorizar, transferir y cobrar; cuando hay que responder, rendir cuentas, ejecutar y resolver todos sus deditos señalan hacia otra oficina. La complejidad administrativa acaba ofreciendo una coartada que el paciente nunca tendrá jamás.

Y esa coartada obliga a las familias a cumplir una tarea titánica: además de cuidar a un hijo enfermo, deben reconstruir compras públicas, encontrar intermediarios y conseguir que alguien investigue. El Estado posee los contratos, las facultades de inspección y los registros financieros. Sin embargo, espera que una madre llegue con la investigación casi terminada. La austeridad encuentra así otro ahorro: poner a las víctimas a trabajar de auditoras. Encima, ahora el ciudadano ni siquiera cuenta con el soporte del INAI para hacerse de la información.

Por eso la respuesta presidencial del 7 de octubre importa más que otro intercambio de acusaciones. Sobre los posibles vínculos entre “El Tanque” y los Olán, Sheinbaum remitió a la FGR y dijo que no había sido informada. Sobre Andy, explicó que ella misma preguntó a Ernestina Godoy y recibió una respuesta: no existe investigación. Para unos, la autonomía de la Fiscalía; para el hijo de López Obrador, consulta directa y tranquilidad difundida desde presidencia. La Fiscalía General de la República es autónoma, pero conserva atención preferente. Esa atención que, ni preferente ni no preferente, brilla por su ausencia en los hospitales oncológicos.

Yo quisiera que la presidenta hiciera también esa llamada para preguntar qué se ha esclarecido sobre los tratamientos. Porque “no hay investigación” describe una ausencia; “se investigó y se descartó” exigiría resultados. Convertir la primera frase en absolución política premia precisamente que las autoridades no hayan actuado. La presunción de inocencia protege contra una condena anticipada. Su utilización como argumento para cerrar preguntas protege otra cosa mucho muy fea.

La contradicción se agrava con la versión de Hacienda: Édgar Amador negó ante el Senado que la UIF investigara a Amílcar y señaló que no había sido requerida por las autoridades. Carlos Loret, en cambio, sostiene que consultó un expediente que incluye una cartera de inversión en Suiza por más de 72 millones de euros. Son dos versiones enfrentadas que exigen aclaración, no una elección por simpatías como las de los “coordinadores estatales” de Morena... Hacienda debe precisar qué información existe y qué análisis se realizaron; el periodista debe sostener y ahondar lo publicado. Una disputa sobre cómo se llama el expediente no puede sustituir la explicación sobre su contenido.

La novedad judicial de este 8 de octubre ofrece un contraste: Miguel Ángel Solano Ruiz, “El Capitán Sol”, fue vinculado a proceso por delincuencia organizada relacionada con delitos en materia de hidrocarburos. Esa resolución no condena al imputado ni prueba vínculos con los López Beltrán. Sí recuerda que los señalamientos pueden avanzar hacia actuaciones judiciales concretas. Ante las revelaciones sobre el entorno empresarial de los hijos del expresidente, también corresponde contrastar documentos y determinar responsabilidades, en vez de administrar desmentidos.

Medicinas, balasto y combustibles no deben meterse en una sola bolsa penal. Pero sus revelaciones permiten formular una misma pregunta política: ¿qué abrió las puertas del presupuesto y de los permisos a esos empresarios? No basta saber cuánto presumían ganar los hermanos Olán en una llamada. Hay que establecer qué decisiones públicas hicieron posibles sus negocios y si les aplicaron las mismas exigencias que a cualquier otro proveedor.

La promesa de este régimen de combatir la corrupción en las compras médicas eleva, además, la responsabilidad del gobierno que cambió (destruyó es mejor término) el sistema. Desmontar proveedores y mecanismos anteriores obliga a demostrar que los nuevos ofrecen mejores resultados (además de que en los viejos efectivamente sí había podredumbre y no solo un vil invento). Pero ni una cosa ni la otra ha ocurrido.

Si cada fracaso del morenismo se atribuye al pasado y cada beneficiario cercano se defiende como víctima de la oposición, la reforma pierde su sentido y toda posibilidad de evaluación. Basta pertenecer al grupo “guinda” para que la explicación de lo ocurrido se vuelva una agresión contra el Movimiento.

En ese contexto, Bajo Reserva de El Universal reportó las aspiraciones legislativas de Andy en Tabasco y la inscripción de Pío López Obrador para buscar una candidatura en Chiapas. Son aspiraciones, no escaños adquiridos; tampoco prueban que busquen el cargo para eludir responsabilidades. Pero el contraste político dice mucho: unas familias intentan que la Fiscalía les abra un expediente mientras la familia del expresidente busca que el partido le abra espacio en el Congreso a la sombra del fuero. Los padres piden protección para sus hijos. Tío e hijo tramitan un futuro con garantía de no pisar la cárcel.

La prueba para Sheinbaum consistiría en permitir que contratos, alertas y entregas se investiguen con independencia, aunque aparezcan amigos del hijo de su antecesor. Eso incluye identificar a quienes autorizaron y supervisaron las compras, contrastar los lotes cuestionados y determinar si hubo daños atribuibles a irregularidades concretas. Un proveedor puede resultar inocente. Una autoridad puede haber cumplido. Ambas conclusiones necesitan hacer el trabajo de transparentar; el apellido no permite ahorrárselo.

Beatriz tenía razón, con los niños no. Precisamente por eso la consigna debe obligar más a quien controla el presupuesto, los hospitales y las compras. Si la protección que merece la infancia termina donde empieza la incomodidad de la familia del expresidente, lo que se está defendiendo es una jefatura. Y la Constitución nunca dispuso que el interés superior de la niñez quedara sujeto al interés superior del hijo de papi.