La tarde de este miércoles, el pleno del Senado aprobó el informe emitido por la comisión mixta sobre las Reglas sobre el Uso de la Fuerza (RUF) para el personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y de las Fuerzas Armadas.
La iniciativa llegaba con la aprobación, solo unas pocas horas antes, por parte de la Cámara de Diputados, por 111 votos a favor.
Y en el Senado, el informe de la mixta fue visado por 29 votos a favor, 15 en contra y una abstención.
Los rechazos correspondieron a los senadores del PC Claudia Pascual y Daniel Núñez; los socialistas Paulina Vodanovic, Juan Luis Castro, Alfonso de Urresti, Daniella Cicardini, Gastón Saavedra y Danisa Astudillo; el PPD Ricardo Celis; el liberal Vlado Mirosevic; los senadores del Frente Amplio (FA) Beatriz Sánchez y Diego Ibáñez, y los independientes Fabiola Campillai, Alejandra Sepúlveda y Ximena Órdenes. En tanto, la única abstención corrió por cuenta del senador PS Fidel Espinoza.
Con esta votación, el proyecto iniciado el año 2023 es la segunda iniciativa de ley despachada del Congreso Nacional parte de la Agenda contra el Crimen Organizado y Terrorismo (ACOT) del Ejecutivo.
Semanas atrás fue despachada por el Poder Legislativo la iniciativa que extiende el período de flagrancia de 12 a 24 horas, la que fue promulgada este martes por el Presidente José Antonio Kast.
Solo minutos antes de la votación, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, recordó los asesinatos de dos funcionarios de Carabineros registrados esta semana, tras lo cual relevó la necesidad de aprobar la normativa para el resguardo de las fuerzas de seguridad y de orden.
“No puedo obviar que es una semana difícil para Carabineros de Chile, de luto, y esa tristeza no traerla o invocarla para clausurar una discusión, sino para recordar la responsabilidad que tenemos en legislar, en hacer buenas normas, porque esas normas sí tienen efecto en lacalle, en la población, a la hora de un procedimiento policial, de un control de ruta, de un control fronterizo”, sostuvo el secretario de Estado.
Agregó: “Sé que existen diferencias en esta sala, las hemos escuchado y las hemos discutido en la comisión. Pero no permitamos que esas diferencias oculten el propósito que nos convoca, que quienes cumplen legítimamente el deber, cuenten con reglas claras, herramientas adecuadas y un Estado que las respalde”.
Discusión parlamentaria
Representantes del Frente Amplio, el Partido Comunista y el Partido Socialista mostraron su rechazo al informe emanado desde la comisión mixta.
La senadora Beatriz Sánchez (FA) criticó que el actual proyecto no presenta principio de proporcionalidad.
“Solo queda la racionalidad y una fuerza puede ser racional y aún así excesiva. La proporcionalidad no exige simetría, no le pide al policía que enfrente al agresor en igualdad de condiciones. Lo que exige es guardar relación con las dimensiones de la amenaza o resistencia que se enfrenta, y este es un principio básico que consta en todos los instrumentos internacionales que regulan el uso de la fuerza y que debiera exigirse entonces en cualquier país democrático. Estamos votando un proyecto de ley con una definición de fuerza potencialmente letal que va mucho más allá de proteger la vida”, señaló.
Por su parte, el senador Juan Luis Castro (PS) señaló como principales problemas del informe los relacionados a la regla militar sobre armamento letal y sobre la responsabilidad penal del personal policial y militar.
“Quiero ser claro, respaldar a Carabineros, a la PDI y a las Fuerzas Armadas exige dotarlos de preparación, equipamiento, protección jurídica. Esa protección debe descansar en reglas precisas que permiten actuar con firmeza frente a una amenaza que se define hasta dónde puede llegar la respuesta proporcionada a ella. Los acuerdos que se alcanzaron fueron valiosos, pero estos dos elementos matrices de este proyecto de ley comprometen el propósito de dar certeza y resguardar la vida”, explicó.
Para de inmediato añadir: “Por tal razón anunciamos desde el Comité Socialista reservas de constitucionalidad sobre estas materias que nos parece que son extremadamente controversiales y anunciamos nuestro voto de rechazo al informe”.
Mientras tanto, la senadora Claudia Pascual (PC) señaló explicando su voto en contra que “el texto final de la comisión mixta consolida una marcada asimetría que prioriza la discrecionalidad e inmunidad de las fuerzas de orden y de la defensa por sobre el resguardo efectivo de los derechos fundamentales y de garantías civiles”.
“La regulación de los puntos sustantivos introdujo un debilitamiento de los estándares de protección ciudadana frente a las actuaciones policiales. Nos preocupa que se hayan eliminado disposiciones sumamente relevantes como las relativas a la prohibición de la tortura y la protección de los niños, niñas y adolescentes, por estimarse que ya se encontraban contenidas en otros cuerpos normativos”, añadió.
Mientras tanto, desde el oficialismo remarcaron que las RUF finalmente se establecen como “un mínimo” en materia de protección de las policías y militares al confrontar el delito.
“Creo que la aprobación de las RUF envía un mensaje no sólo a los policías y militares que nos protegen, sino también a la ciudadanía entera como constatación de un Estado fortalecido, apoyado por su ciudadanía, que exige el cumplimiento de la ley y la convicción de que este gobierno, el orden y la seguridad es un requisito para prosperar”, señaló Cristián Vial (Ind. Rep.).
El senador Andrés Longton (RN) destacó que finalmente esta iniciativa no debilitaría el funcionamiento de la ley Nain-Retamal y defendió el cambio del principio de proporcionalidad por el de racionalidad.
“El policía tiene que atender al hecho concreto, las circunstancias que son muy disímiles las unas y las otras y, por lo tanto, reaccionar en una milésima de segundo. cuando se está en frente a una agresión que puede ser letal claramente que tiene que atender a la racionalidad y a no la proporcionalidad como establece el Código Penal”, señaló.
“Esta ley da garantías, da certeza jurídica y permite que Carabineros y nuestras policías no estén dudando al momento de usar su arma de fuego, pensando que van a terminar detenidos o desfilando por tribunales”, concluyó el parlamentario.
Para el senador Enrique van Rysselberghe (UDI) “lo más importante de esta nueva ley es que se entrega finalmente un marco legal integral para los funcionarios que ejercen el uso legítimo de la fuerza, consagrando expresamente que el personal que actúe conforme a estas reglas estará definitivamente amparado por las eximentes de responsabilidad penal por el cumplimiento del deber y de su legítima defensa”.
El detalle de la ley despachada
La iniciativa establece que el concepto de “uso de la fuerza” se entenderá como la “facultad o potestad del personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y de las Fuerzas Armadas, cuando corresponda, destinada a hacer cumplir la ley y mantener o restablecer el orden público o la seguridad pública interior”.
En particular, los grados para el uso de la fuerza escalarían de la siguiente manera:
- Presencia: vigilancia pasiva
- Actuación mediante medios de persuasión verbal
- Reducción física de la movilidad
- Utilización de fuerza menos letal
- Uso de fuerza potencialmente letal
La nueva ley también describe el uso de la fuerza que podrá el personal militar cuando cumplen funciones de resguardo del orden público o de protección de recintos militares.
Así, las respuestas escalarían de la siguiente manera:
- Despliegue de fuerzas, vehículos, naves o aeronaves, dispositivos u otros medios institucionales y porte de armas, en forma disuasiva.
- Actuación mediante técnicas de comunicación y uso de medios de persuasión verbal.
- Empleo manual de elementos disuasivos u otros menos letales.
- Utilización de dispositivos o sistemas que no constituyan armamento letal.
- Uso de la fuerza para el control físico, reducción del transgresor para doblegar su resistencia, inmovilizarlo, esposarlo o aplicar otro medio de inmovilización.
- El personal militar podrá emplear munición de salva en forma disuasiva.
- Uso de escopetas con munición antidisturbios, para evitar o repeler un peligro grave e inminente de la vida o la integridad física de terceros, del personal militar, policial o para impedir daños o evitar la pérdida material de infraestructura crítica o para la protección de recintos militares.
- Uso de armamento letal contra personas que utilicen o se dispongan a utilizar armas letales u otros medios capaces de poner en peligro la vida del personal policial o militar, de terceros o de causar afectaciones de consideración a su integridad física.
