A pesar de todos los tironeos de los últimos meses, la Cámara de Diputados —que aprobó con 125 votos a favor el último punto pendiente— despachó a ley la reforma para promover “la gobernabilidad y la representatividad del sistema político”.

Si bien el texto base de esta reforma política ya había sido aprobado por ambas ramas del Congreso semanas atrás, aún faltaba resolver una discrepancia en torno a una nueva obligación que tendrán los partidos, que deberán incorporar en sus declaraciones de principios. “Del mismo modo (el partido) deberá expresar su condena al establecimiento de un sistema totalitario; al uso de la violencia, propugnarla o incitarla como método de acción política. Asimismo, deberá afirmar su compromiso con la probidad y transparencia de la actividad política”, dice el texto que fue aprobado por el Senado la semana pasada y ahora fue visado por la Cámara.

Con ello, el texto pasará a manos del Tribunal Constitucional para su respectiva revisión. Una vez culminada esa etapa, la iniciativa quedaría en condiciones de ser promulgada por el Presidente José Antonio Kast, salvo que, tras un examen más exhaustivo, haya que corregir alguna norma mediante un veto.

De todos modos, el gobierno actual ya había patrocinado la iniciativa, planteada en 2025 por el exministro del Interior, Álvaro Elizalde (PS), junto a su par de la Segpres, Macarena Lobos, durante la administración del Presidente Gabriel Boric.

Detalle

En lo medular, la reforma política aumenta las restricciones para el financiamiento y la formación de partidos políticos, al establecer como requisito la presencia en al menos ocho regiones y una cantidad de afiliados equivalente al 0,3% del padrón electoral definitivo. Hasta hoy, mientras no se publique la nueva ley, los partidos podían surgir teniendo representación en al menos tres regiones contiguas y con menos militantes.

El proyecto también aumenta los requisitos para las candidaturas independientes.

Además, se incluye un reconocimiento de carácter legal a los comités parlamentarios, definidos por la nueva ley como “el organismo que coordina políticamente al partido político en la corporación, facilita la coordinación de éstos con cada una de aquéllas y su relación con la Mesa respectiva”. Ello les da una potestad legal a los jefes de bancada para conducir a sus pares, especialmente ante casos de discolaje.

No obstante, el efecto más apremiante para las tiendas políticas, incluso las grandes, no solo las pequeñas, es que tendrán un plazo de aproximadamente dos años (incluyendo un período de gracia adicional) para actualizar sus cifras de militantes, tarea que siempre ha sido tortuosa.

“A partir de la publicación de la presente ley en el Diario Oficial, los partidos políticos legalmente constituidos dispondrán de un plazo de dieciocho meses para reunir, en cada región en que se encuentren constituidos, la cifra mínima de afiliados a que se refiere el numeral 4 del artículo 56 de la ley N° 18.603, orgánica constitucional de los Partidos Políticos", dice una disposición transitoria, que ya está virtualmente aprobada, al contar con el visto bueno del Senado y la Cámara, por lo tanto, ni siquiera se votará esta tarde.

Ese artículo transitorio obliga a todas las colectividades a elevar su militancia en todas las regiones (si es que no tienen el umbral requerido), para alcanzar al menos el 50% de la nueva exigencia legal, que es más del doble del requisito establecido en la actual Ley de Partidos.

Partidos en deuda

Hasta hoy, para que una casa política esté constituida en una región, el piso es tener el 0,25% de la votación de la última elección de diputados (es decir, contando solo a quienes votaron), pero a partir de esta norma se exigiría el 0,3% del padrón (es decir, sumando a aquellos que votaron y a quienes no votaron).

Por ejemplo, en la Región Metropolitana, que tiene un padrón de más de 6 millones de electores, el piso transitorio para que el partido siga constituido en la capital será de 9 mil afiliados (9.120).

Además de colectividades como Evópoli, el Partido Liberal, el Partido Radical, el PPD, la FREVS, el Partido Republicano y la DC también quedarían al debe en Santiago, territorio estratégico para cualquier fuerza política.

Los republicanos, por ejemplo, tienen 7.373 militantes en la RM, según los datos del Servel al 31 de julio, es decir, requieren sumar 1.747 fichas para alcanzar el umbral requerido.

Incluso, la DC, a pesar de su historia, está aún más abajo, al tener solo 6.664 militantes en la capital.

No obstante, al margen de que la Metropolitana será la misión más difícil, por el tamaño de su electorado, en otras regiones, la mayoría de estas tiendas tendrán que crecer.

La UDI —que no tiene problemas en Santiago— posee una menor militancia en Valparaíso y La Araucanía y también se vería obligada a buscar afiliaciones en esas zonas.

El problema es que, si no logran en 18 meses llegar al umbral transitorio que exige la ley, ni tampoco dentro del período de gracia adicional que concede el Servicio Electoral (alrededor de 6 meses más), los partidos que no logren el mínimo de militantes desaparecen en esas regiones.