En un Consejo General del INE marcado por los desencuentros entre partidos y consejerías, la consejera Frida Gómez reveló que ha recibido amenazas graves contra su integridad física, extendidas a integrantes de su familia, por su propuesta para modificar el procedimiento de las llamadas “boletas planchadas”.

“Pensar distinto nunca debe convertirse en un riesgo, debe seguir siendo una expresión legítima de la democracia”, sostuvo.

Advirtió que las amenazas vinculadas con decisiones electorales buscan vulnerar la independencia de quienes integran el Consejo y afirmó: “Ninguna amenaza contra mí, ni contra mi familia determinará el sentido de mi voto”.

El consejero Arturo Chávez expresó su solidaridad con Gómez y rechazó que se pretenda intimidar a los integrantes del Instituto.

Sin embargo, defendió la actuación de las actuales consejerías frente a las críticas por las resoluciones que el Tribunal Electoral ha revocado.

“Este INE no pretende convertirse en un partido político, opuesto al gobierno, como lo hizo un sector del otro INE”, afirmó.

También sostuvo que “quien crea que la ley es la ley tiene un pensamiento autoritario”, al señalar que la interpretación de las normas forma parte de los procesos jurídicos y que el Tribunal Electoral es la instancia que resuelve las diferencias e impone la interpretación definitiva.

Los señalamientos ocurrieron después de que Emilio Álvarez, representante de Somos México, cuestionara las decisiones del Consejo General que han tenido que ser revisadas por los magistrados electorales.

“Creemos que la colegialidad está dinamitada. No solo con los partidos políticos, sino entre integrantes de la mesa”, dijo.

Álvarez consideró que el Instituto debe recuperar el diálogo para construir acuerdos sin trasladar constantemente las diferencias al Tribunal.

Incluso, advirtió que observa “un proceso de colonización por parte del régimen” y afirmó que el INE que defendió en el pasado no se ve reflejado en la institución actual.

Por su parte, la consejera presidenta Guadalupe Taddei rechazó que las resoluciones jurisdiccionales puedan presentarse como una descalificación general al trabajo del Instituto y recordó que las decisiones administrativas están sujetas a revisión judicial.

La discusión se dio luego de reclamos de partidos a quienes no se tomó en cuenta para el calendario y plan de trabajo de la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, aunque el Tribunal ordenó que se incluya a los partidos a esa comisión.