La Contraloría General de la República detectó que 485 funcionarios de la Administración Central del Estado permanecían suspendidos preventivamente en el marco de sumarios administrativos entre 2020 y marzo de 2026, pese a que esta medida tiene un carácter excepcional y está destinada a resguardar el desarrollo de las investigaciones. El levantamiento de información no incluyó a las municipalidades.
La principal alerta está en la duración de algunos procedimientos. Según el Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°25, 13 funcionarios llevaban más de cuatro años suspendidos, mientras otros 17 acumulaban entre tres y cuatro años. En total, son 30 casos que superan los tres años de suspensión preventiva.
El caso de mayor extensión corresponde a un funcionario del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, Mejor Niñez, cuya suspensión alcanzaba aproximadamente cuatro años y siete meses. También aparecen casos en el SLEP Santiago Centro, con cuatro años y seis meses, y el SLEP Atacama, con cuatro años y dos meses.
La normativa permite adoptar esta medida durante un sumario, pero la Contraloría recordó que debe mantenerse únicamente mientras resulte necesaria para asegurar el éxito de la investigación. Además, el organismo enfatizó que la etapa indagatoria de un sumario “no supere el plazo de sesenta días”, conforme a las reglas establecidas en el Estatuto Administrativo.
Uno de los elementos que genera impacto económico es que, por regla general, la suspensión preventiva no implica dejar de percibir remuneraciones. De acuerdo con la fiscalización, el Estado desembolsó $671 millones en remuneraciones asociadas a los diez casos con períodos de suspensión más prolongados.
Además, 22 funcionarios suspendidos registraron otras actividades remuneradas durante el período de suspensión, según antecedentes proporcionados por el Servicio de Impuestos Internos.
Ante estos antecedentes, la Contraloría resolvió que los 30 sumarios con suspensiones superiores a tres años serán remitidos al organismo fiscalizador, que continuará su tramitación y determinará si existen eventuales responsabilidades por las demoras.
La entidad también estableció que los organismos que mantengan funcionarios suspendidos por más de un año deberán informar el término de los sumarios, justificar la continuidad de la medida o acreditar acciones para acelerar los procedimientos.
Las nuevas instrucciones quedaron plasmadas en el Instructivo N°29, emitido el 16 de septiembre de 2026, que ordena además registrar las resoluciones de suspensión y su término en el Sistema de Acciones Derivadas (SIAD), con el objetivo de monitorear los plazos y generar alertas sobre la vigencia de estas medidas.
🔎 CIC 25: CGR detecta funcionarios suspendidos preventivamente por años en sumarios pendientes, algunos por más de cuatro años, manteniendo el pago de sus remuneraciones.
— Contraloría (@Contraloriacl) September 21, 2026
Ante estos hallazgos, la Contraloría dispuso trasladar, a sus dependencia, 30 casos con más de tres años de… pic.twitter.com/dlwZLbD4l5
