El minisitro de Justicia Fernando Rabat ya lo había adelantado en La Tercera hace algunas semanas, pero ahora la Contraloría lo oficializó con la publicación de un duro informe final en el que detectó graves deficiencias en la entrega de las obras del nuevo edificio del Servicio Médico Legal (SML).
“La situación con el edificio institucional es lamentable. Se inauguró en febrero de este año, pero es simplemente una fachada, pero no está operativo”, dijo Rabat.
La franqueza de sus palabras ahora tiene datos concretos levantados por la propia institución que lidera la contralora Dorothy Pérez.
Fue luego de una fiscalización en terreno que la Contraloría Regional Metropolitana reprochó irregularidades en el contrato de reposición del edificio central del SML, un proyecto a cargo de la Dirección Regional de Arquitectura Metropolitana del Ministerio de Obras Públicas (MOP).
En el informe final la entidad de control constató que la Dirección Regional de Arquitectura desembolsó $1.110 millones en la adquisición del sistema de extinción de incendios FM-200 y $461 millones en el contrato del sistema de energía de respaldo para emergencias, sin que la entidad acreditara que dichos sistemas cumplían las condiciones establecidas en las especificaciones técnicas.
Pero no solo eso. Además detectó problemas de hermeticidad en dependencias críticas de tanatología, manteniéndose una sala de autopsias especiales fuera de servicio debido a riesgos sanitarios.
Este es uno de los puntos más sensibles ya que en una institución como el SML las instalaciones de tanatología constituyen infraestructura esencial para el cumplimiento de las funciones del organismo.
Si bien las obras del nuevo inmueble debían entregarse a fines de 2023, la construcción fue puesta en explotación en diciembre de 2025, con un período de marcha blanca hasta mayo de 2026.
Sin embargo, con posterioridad a esa fecha continuaban desarrollándose actividades de integración, validación y verificación de su funcionamiento. De hecho, en junio pasado, cuando fiscalizadores de la Contraloría realizaron una visita en terreno, el inmueble registraba una ocupación de solo 34% y mantenía comprobaciones técnicas pendientes.
Los problemas son aún más absurdos. Por ejemplo los fiscalizadores de la Contraloría pudieron verificar que la bomba principal del sistema de protección contra incendios permanecía inoperativa debido a una incompatibilidad entre sus requerimientos eléctricos y la infraestructura prevista para alimentarla, situación que compromete la capacidad de respuesta frente a un eventual incendio.
Debido a todos estos problemas es que la Contraloría formulará un reparo por $1.571.798.088, a través de una demanda en juicio de cuentas, con el objeto de obtener la restitución de dichos montos. Esto debido a que “no fue posible comprobar que los sistemas adquiridos cumplieran las condiciones establecidas en las especificaciones técnicas”.
Finalmente la entidad ordenó a la Dirección Regional de Arquitectura abrir un sumario para determinar eventuales responsabilidades administrativas.
