Uno de cada cuatro niños en Chile vive bajo la línea de la pobreza. El 18% de los menores ha sufrido violencia sexual -cifra que se eleva al 25% en las niñas- y, entre 2022 y 2024, la explotación sexual infantil aumentó en 73%. Como si esto no bastara, entre 2015 y 2025 se registra un aumento de 137% en egresos hospitalarios de adolescentes por lesiones autoinfligidas. Solo en abril de este año, 126 mil niños, niñas y adolescentes (NNA) ingresaron a uno o más programas de protección. Sin embargo, la red colapsó: el Servicio de Protección Especializado se encuentra saturado con más de 72 mil medidas de protección en lista de espera.

La sobreocupación de las residencias pasó del 13% en 2018 al 50% en 2025, concentrándose el hacinamiento más agudo en los centros administrados directamente por el Estado. A esta crisis se suma el cierre masivo de hogares: 23 residencias cerraron en 2023 y otras 20 en 2024, dejando desiertas hasta el 71% de las licitaciones públicas. ¿La razón? Los montos que entrega el Estado no alcanzan y nosotros, los ciudadanos, hemos decido mirar para el lado.

En este minuto, cientos de niños esperan por un cupo residencial y más de dos mil aguardan por una familia de acogida. Pese a la norma que prohíbe la internación de lactantes, entre 2018 y 2025 los infantes de 0 a 3 años en residencias aumentaron 38%. La lista de espera para consulta psiquiátrica infantil supera los 14 mil pacientes, sencillamente porque Chile cuenta con apenas 7 psiquiatras infanto-juveniles por cada 100 mil habitantes. Para colmo, cuando un niño vulnerado logra ingresar a un hogar, es mezclado con adolescentes inimputables de perfil delictivo severo, reexponiéndolo al abuso y la violencia. La ausencia de programas especializados para NNA inimputables que presentan alto riesgo de conductas sociopáticas no sólo pone en riesgo al resto de los niños, sino que tampoco permite cambiar las trayectorias de estos niños.

Ante semejante crisis, la respuesta del Estado suele ser de orden burocrática, más que ejecutiva, dejando en la soledad a quienes se encuentran en la primera línea. Los Organismos Colaboradores Acreditados (OCA) atienden al 85% de los NNA y reciben en promedio $1,4 millones mensuales por niño, cuando el costo real para cumplir con los estándares supera los 2,6 millones. La inequidad es flagrante: el Fisco gasta 48% más por niño en sus propias residencias que lo que entrega a los privados, a quienes además asfixia con multas desproporcionadas en muchos casos por no responder a tiempo su infinita burocracia.

Mientras el crecimiento económico se roba las portadas y la discusión presupuestaria acapara la atención del Congreso, la realidad de nuestros niños sigue invisibilizada. Fundaciones como la Protectora de la Infancia y María Ayuda luchan a diario, en la trinchera, por cuidar a los niños más necesitados de nuestro país y ofrecerles algo tan básico como un vínculo que les permita encontrar un sentido. Detrás de estas cifras hay niños de carne hueso que han sido abusados y maltratados por las únicas personas que debían amarlos, sus padres. El nivel de sufrimiento al cual han estado sometidos es tan estremecedor como la capacidad de resiliencia de muchos de ellos. ¿Qué nos ha pasado como sociedad que hasta el sufrimiento más insoportable no logra conmovernos? Gabriela Mistral nos recuerda que el futuro de los niños es siempre hoy; porque el futuro es sólo una excusa para no actuar en el único instante que nos pertenece.

Por Sylvia Eyzaguirre, Directora general de Humanidades, U. San Sebastián.