Para sacar el gas, para licuarlo, para transportarlo al puerto y enviarlo al mundo: el último acuerdo entre Argentina y Estados Unidos, que destinará cerca de 7 mil millones de pesos en obras de infraestructura, se propone desarrollar la energía, los minerales, el transporte y las telecomunicaciones del país vecino.
El centro del anuncio es el llamado “Corredor Andes-Atlántico”, que a través de distintos medios, pretende juntar las zonas mineras de Argentina, como el noreste y Vaca Muerta, con los puertos del Atlántico. Esto, mediante ferrocarriles, gasoductos, nuevos puertos e infraestructura digital. Todo esto, con un financiamiento por parte de Washington.
El acuerdo, al que llegaron Donald Trump y Javier Milei esta semana, seguirá su agenda en octubre, cuando el subsecretario de Estado norteamericano, Christopher Landau, visite Argentina. Ahí, se reunirá con representantes del mundo público y privado, con miras a impulsar proyectos relacionados con el corredor.
El megaproyecto central alrededor del que gira ese corredor es Argentina LNG, una inversión privada que amasa entre distintos actores 51 mil millones de dólares. El plan contempla dos “barcos fábrica licuefactores” para licuar el gas. Estos barcos, instalados frente al Golfo San Matías en Río Negro, tendrán capacidades de entre 12 y 18 millones de toneladas anuales de gas natural licuado.
Durante la etapa de construcción, prevista entre 2026 y 2030, Argentina LNG generaría aproximadamente 20 mil puestos de trabajo anuales, con máximos de hasta 40 mil trabajadores en los períodos de mayor actividad. Ya en la fase de operación, el proyecto sostendría alrededor de 8 mil empleos entre directos e indirectos. A eso se suma una contratación estimada de 15 mil millones de dólares en bienes y servicios a proveedores nacionales
Ahora, como el gas viene de Vaca Muerta, en Neuquén, el proyecto contempla también un gasoducto de 527 kilómetros, con un diámetro de 48 pulgadas, que no existe hasta ahora en Argentina. A esto se le agrega un poliducto para los líquidos asociados y una planta de tratamiento.
YPF, la empresa petrolera argentina, desarrolla este proyecto junto a Eni y XRG, compañías italianas y de los Emiratos Árabes, respectivamente. Con esto, se prevé que los botes de fábrica estén listos y operando en 2031.
Junto a la participación de las otras petroleras, se agrega también el financiamiento de Estados Unidos, que sale del EXIM (Export-Import Bank) y la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos (DFC). Así, el proyecto tiene un 70% de financiamiento a través de crédito internacional, y el 30% con aportes de socios.
El gas que se produzca ya está siendo negociado para venderse, y el CEO de YPF, Horacio Marín, señaló que la compañía ya tiene listos tres contratos de venta. A eso se le suma que Eni y XRG, ellas mismas, son “offtakers”, o sea, compradoras de una parte de la producción futura. En ese sentido, una fracción del gas licuado ya tiene destino asegurado.
Para Estados Unidos, este se trataría del primer “corredor global de infraestructura” en el que participa, al menos en el Hemisferio Occidental. Esto, habiendo hecho inversiones similares en Filipinas y África. El objetivo con esto es fortalecer las cadenas de suministro de minerales críticos presentes en Argentina, como el litio, el cobre, el petróleo y el gas.
La EXIM presentó una propuesta de financiamiento de 6 mil millones de dólares. Este dinero se usaría para comprar bienes y servicios estadounidenses, que desarrollarían la infraestructura y al producción.
Gran parte de este megaproyecto también se va en “el Corredor”, la infraestructura de transportes necesaria para llevar el gas y los minerales de los Andes al Atlántico y el mundo. Se planea así poner en terreno ferrocarriles, oleoductos, gasoductos, puertos, redes eléctricas y tecnología digital para cruzar el país de oeste a este.
El documento publicado por la Casa Blanca y la Casa Rosada menciona la Hidrovía, los trenes que serán privatizados, como el Belgrano Cargas, y otras líneas, entre ellas una que podría unir Vaca Muerta con Bahía Blanca. Ahora bien, no se informaron montos para estos proyectos.
Además, hay infraestructura digital clave a desarrollar en el proyecto: se menciona en el documento la ampliación y modernización de la red de fibra óptica Arsat, en la que el Banco Interamericano de Desarrollo aporta 49 millones de dólares a través de un préstamo. Por otro lado, se señala la adquisición de seis millones de usuarios de telecomunicaciones en Argentina por parte de la empresa estadounidense Metrotel y se enumeran posibles inversiones en cables submarinos, centros de datos y conectividad satelital.
Con esta súper inversión en el maletín, el subsecretario de Estado Christopher Landau recorrerá en octubre Buenos Aires, Jujuy y Salta, con el fin de identificar proyectos y operaciones posibles. Desde el Departamento de Estado ya adelantaron que usarán sus “herramientas de financiamiento” para proyectos que incorporen “tecnología confiable” y que “operen según las reglas de mercado”, en referencia velada a los intereses chinos en Argentina.
Por su parte, el país sudamericano se compromete a “fortalecer su marco legal y regulatorio” con miras a proteger las inversiones. El Departamento de Estado citó como respaldo el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), que ofrece beneficios fiscales, comerciales y cambiarios de largo plazo para inversiones de gran escala en sectores prioritarios.
