Esta semana fue detenido Miguel Sánchez, presidente municipal de Juchitán, Oaxaca, investigado por extorsión y otros delitos, junto con Carlos Alberto “N”, La Parca. No es una anécdota local. Es la foto exacta de lo que el Inegi viene midiendo desde hace meses y que no se ha leído en conjunto: donde la autoridad es parte del negocio criminal, la inseguridad no baja ni en números ni en percepciones.
Tenemos dos encuestas, publicadas con cuatro meses de diferencia, que se comentaron por separado. En mayo, la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) con números de 2025, demostró que más de 84% de la población consideró frecuentes los actos de corrupción; los estados con mayor porcentaje fueron Michoacán, con 89.4%, y Baja California, con 89.3 por ciento.
En septiembre, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) mostró que el Estado de México con 90%, Morelos con 88.7 &, Tabasco con 87.6 por ciento, Guanajuato con 85.9%, Zacatecas con 83.3%, seguidos por Puebla con 82.4%, Michoacán con 82%, y Sinaloa con 81.3% encabezan la percepción de inseguridad.
Pongamos los dos mapas uno sobre otro. Los estados donde la gente percibe la corrupción como “muy frecuente” son Baja California con 53.2%, Michoacán con 51.9%, Sinaloa con 51.8%, Estado de México con 49.7%; CDMX con 46.5%, Guerrero con 45.3%, y Morelos con 43.5%, todos entre 55 y 45% de percepción de corrupción. La mayor frecuencia de episodios de corrupción se notificó en estados con gobiernos de Morena: Michoacán, Baja California, CDMX, Sinaloa y Oaxaca. De ésos, cuatro (Michoacán, Sinaloa, Estado de México y Morelos) están también entre las diez entidades donde con más miedo se vive. No es casualidad.
En el otro extremo del mapa los estados con menor registro de casos de inseguridad tienen, en su mayoría, autoridades de oposición: Querétaro, Yucatán, Aguascalientes, Coahuila y Nuevo León. Y eso confirma la regla: Querétaro y Yucatán tienen la menor percepción de corrupción del país, con 67 y 73.2 por ciento. Son también, junto con Coahuila y Aguascalientes, los estados donde menos inseguridad se percibe: Querétaro con 44.6%, Aguascalientes con 41%, Yucatán con 35.5% y Coahuila con 27.8 por ciento. Donde la gente confía en que la autoridad no está vendida, se siente más segura. Es así de simple.
El puente entre una cosa y otra se llama impunidad. En 2025, de los 33.8 millones de delitos ocurridos, sólo 9% se denunció; en 93.4% de los casos no hubo denuncia o no se inició una carpeta de investigación. Peor: los casos que terminaron con recuperación de bienes, con el delincuente ante un juez o con reparación del daño representaron apenas el 1% del total. ¿Por qué no se denuncia? El 35% dice que es una pérdida de tiempo, y por desconfianza en la autoridad, 13 por ciento. La ineficiencia (pérdida de tiempo) y la desconfianza en esto van de la mano.
Esa desconfianza tiene nombre. Para la mayoría, más de 60%, la gente considera corrupta a la policía de tránsito, a los jueces, al Ministerio Público y las fiscalías estatales. Nadie va a denunciar una extorsión ante un agente al que considera cómplice del extorsionador. Por eso el secuestro y la extorsión tienen la cifra oculta más alta, 98%, o sea sólo dos de cada cien secuestros y extorsiones se denuncian. Existe una ley federal contra la extorsión, pero en los estados no se homologa ni se aplica.
El gobierno dirá, con razón, que la percepción de inseguridad bajó: es la más baja en los 16 años de la encuesta de ENVIPE. Es cierto, y hay que reconocerlo. Pero el descenso fue de apenas 1.6 puntos, de 75.6 a 74.0%, mientras la percepción de corrupción subió de forma sostenida. Tres de cada cuatro mexicanos siguen sintiéndose inseguros en sus estados, y el mapa del miedo no cambió de dueños.
Hay excepciones, los ciudadanos de la CDMX perciben altísima corrupción sin estar en el top diez de inseguridad; Guanajuato vive con miedo sin encabezar la lista de corrupción. Eso dice que la corrupción no es la única variable: la presencia de los grupos criminales pesa, pero la corrupción es la que les abre la puerta y la que les garantiza la impunidad.
La estrategia de seguridad puede tener más Guardia Nacional, más inteligencia, más detenidos de alto perfil (aunque de los más de 67 mil detenidos en este sexenio, sólo 37 mil permanecen en la cárcel, por el mismo fenómeno que genera la corrupción y la impunidad). Pero mientras el ciudadano vea al policía, al Ministerio Público y al juez como parte del problema, como un ente corrupto, no va a denunciar, y lo que no se denuncia no se castiga.
Ése es el círculo vicioso que se debe romper: la corrupción produce impunidad, la impunidad genera miedo. No hay encuesta que lo rompa si no se rompe primero la corrupción en las fiscalías y en los municipios.
JUCHITÁN
Regresando a Juchitán, Oaxaca, donde fue detenido el alcalde Miguel Sánchez, quien fuera secretario particular del responsable del Instituto de Educación Pública estatal, Emilio Montoro, hay que insistir en un punto. La tarea que tiene por delante el gobernador Salomón Jara será limpiar toda esa red de corrupción que va mucho más allá de un alcalde corrupto. Sólo observando los bloqueos que se realizaron tratando de evitar la detención de Sánchez se demuestra que hay mucho más de lo que hemos visto hasta ahora. Para Jara es un desafío y una oportunidad. A ver los resultados.
