El Juzgado de Garantía de San Javier estableció la medida cautelar de prisión preventiva para dos personas que se encontraban prófugas y que figuran como imputadas en una investigación por delitos de fraude al fisco y cohecho que involucra a dos empresas constructoras y a funcionarios del Gobierno Regional (GORE) del Maule y de municipios de la zona.

Ambas personas se presentaron en forma voluntaria a primera hora de este miércoles ante el tribunal.

Se trata de la directora de Obras de la Municipalidad de Longaví y un exprofesional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) encargado regional de proyectos.

Ambos fueron formalizados por los delitos de fraude al fisco y cohecho.

Según la Fiscalía, utilizando las atribuciones de sus cargos, ambos funcionarios recibieron altas sumas de dinero y en forma reiterada de parte de la Constructora Pereira e Hijos Limitada favoreciendo a esa firma en diversos proyectos a ejecutar con fondos públicos.

Los dos se suman a los 10 ya formalizados por acciones similares y que a petición del Ministerio Público se encuentran privados de libertad.

Siete funcionarios públicos y tres empresarios ya se estaban en prisión preventiva en esta causa.

Los primeros formalizados fueron detenidos la madrugada de este lunes 5 de octubre en un despliegue coordinado entre el Ministerio Público y la Brigada de Delitos Económicos Linares de la Policía de Investigaciones (PDI) denominado operación Castillo de Naipes.

En la audiencia de este miércoles, el fiscal a cargo de la investigación Patricio Caroca, expuso por cerca de dos horas ante el tribunal detallando cómo operaban los funcionario en estas defraudaciones.

El fiscal reveló que utilizaban como clave la palabra “asado” para referirse al pago o transferencias de las coimas.

“Se puso a disposición del tribunal a dos imputados que formaban parte de esta organización criminal que defraudaba al fisco en la región del Maule. Se trata de la directora de Obras Públicas de la Municipalidad de Longaví y de un exarquitecto adjunto de la Junji. Estos dos sujetos defraudaban al fisco recibiendo coimas, sobornos de una empresa constructora”, indicó el persecutor.

Caroca puntualizó que la directora de Obras de Longaví recibió más de 13 millones de pesos directamente y a través de su madre que recibía los depósitos y utilizaba claves para solicitar el dinero.

Un “asado” correspondía a un millón de pesos.

“En el caso del otro funcionario, arquitecto de la Junji, éste recibió más de 24 millones de pesos triangulados a través de una amiga y otros fondos que recibía directamente. Se trata de funcionarios públicos que utilizaban sus cargos para enriquecerse personalmente. Son infracciones graves al principio de prioridad y que ponen en tela de juicio la confianza de las personas en las instituciones. Estos dos imputados se suman a los ya formalizados de cargos el pasado lunes, por hechos similares utilizando sus cargos en los municipios de San Javier, Colbún, Villa Alegre y el gobierno regional en la época de ocurrencia de estos ilícitos”, manifestó el fiscal.

El tribunal mantuvo el plazo de investigación de cuatro meses.