La Corte Penal Internacional (CPI) rechazó las sanciones impuestas por Estados Unidos contra la institución, al considerar que representan un ataque contra su independencia judicial y el orden jurídico internacional.

A través de un comunicado de prensa, la Corte señaló que las medidas buscan obstaculizar sus investigaciones y procesos judiciales, así como intimidar a quienes trabajan en ella o colaboran con sus actividades.

La CPI, creada mediante el Estatuto de Roma y respaldada por 125 Estados Partes, tiene el mandato de investigar y enjuiciar crímenes de genocidio, lesa humanidad, guerra y agresión.

La presidenta de la institución, Tomoko Akane, afirmó que la Corte continuará ejerciendo sus funciones con independencia e imparcialidad, con base en la ley y las pruebas, y en beneficio de las víctimas de crímenes graves.

Pide respaldo de los Estados miembros

La institución advirtió que no puede garantizar por sí sola la continuidad de sus actividades y llamó a los Estados Partes a adoptar medidas concretas para asegurar que cuente con los recursos necesarios para mantener sus operaciones.

La Corte sostuvo que el Estatuto de Roma representa un compromiso colectivo para evitar que los crímenes más graves queden impunes, por lo que consideró necesario que los países que respaldan su creación mantengan su apoyo ante las dificultades.

Asimismo, afirmó que las sanciones no la harán desistir de su mandato y defendió la importancia de preservar el Estado de derecho y los principios del sistema jurídico internacional.

La CPI también sostuvo que ninguna persona debería ser castigada por trabajar en favor de la justicia y señaló que la respuesta de la comunidad internacional ante estas medidas será relevante para el futuro de la institución y de las víctimas de atrocidades masivas.