El desafío económico más importante de Chile es elevar su capacidad de crecer de forma sostenida más allá de los vaivenes del ciclo (crecimiento tendencial), que el Banco Central estima hoy en apenas 1,8% anual para la próxima década. La experiencia internacional es elocuente: los países que lograron sostener su crecimiento y extender el bienestar a toda su población lo hicieron fortaleciendo sus capacidades productivas, con la innovación y la adopción tecnológica como pilares.
Ese desafío es hoy más urgente. La inteligencia artificial está transformando la forma de producir en casi todos los sectores y la transición energética demanda nuevas tecnologías en energía y minería, justamente donde Chile tiene ventajas para jugar un rol relevante. Sin embargo, invertimos apenas 0,41% del PIB en I+D, una fracción del promedio OCDE (2,7%), y con una participación privada muy baja.
Por eso resulta paradójico que un gobierno que llegó con la promesa de hacer crecer a Chile proponga, en su primera Ley de Presupuestos, eliminar el programa Desarrollo Productivo Sostenible (DPS) en Corfo y el Ministerio de Economía. Se trata de cerca de 150 millones de dólares al año destinados a financiar y coordinar iniciativas que buscan mejorar la competitividad y la sustentabilidad de diversos sectores productivos mediante la incorporación de tecnología e innovación: más de un centenar de proyectos, varios de los cuales movilizan más de un peso privado por cada peso público.
El programa DPS ha financiado ciencia orientada por desafíos productivos, emprendimiento de base científica, innovaciones desarrolladas por privados en un amplio número de sectores y capacidades científico-tecnológicas para el pilotaje, testeo y desarrollo temprano de nuevas tecnologías. Algunos ejemplos: el proyecto Cobalto Verde, que busca recuperar cobalto, clave para las baterías de dispositivos electrónicos y vehículos eléctricos, desde relaves mineros mediante biotecnología; la Estrategia de Construcción Naval, un sector estratégico e intensivo en empleo con amplio respaldo civil y militar; el Centro Tecnológico de Economía Circular de Los Lagos, que generará valor a partir de los residuos industriales de la zona; el Centro Tecnológico de Manufactura Avanzada e Industria 4.0, que impulsará la reindustrialización del Biobío; el Programa Tecnológico NOVA-IA, que busca transformar la industria alimentaria mediante inteligencia artificial; y el piloto de Compra Pública de Innovación del Hospital Las Higueras, que incorpora inteligencia artificial para reducir los tiempos de espera de hospitalización, entre otros grandes proyectos.
Es cierto que algunas de estas iniciativas seguirán financiadas por vías específicas. Pero lo relevante no es solo lo que se salva hoy, sino también lo que dejaremos de financiar mañana sin este programa. Y es que su diseño, además, resolvía un problema que Chile arrastra hace décadas: la fragmentación de la oferta pública con orientación productiva. Al alero de un comité de ministros, DPS ordenaba en torno a desafíos comunes los esfuerzos de distintos ministerios, Corfo y otras agencias públicas.
Hay un argumento adicional. DPS se financia con parte de los ingresos que el Estado recibe por el litio. El litio es un recurso que se agota: lo que se extrae hoy no estará disponible para las próximas generaciones. La única forma responsable de usar esa renta es transformarla en capacidades que perduren, como conocimiento, tecnología, capital humano y nuevas industrias. Eliminar DPS no es ahorrar; es renunciar a convertir una riqueza transitoria en desarrollo permanente.
Prometer crecimiento económico y recortar en innovación y políticas de desarrollo productivo no es una contradicción menor. Los economistas Aghion, Howitt y Mokyr recibieron el último Nobel de Economía por explicar cómo la innovación sostiene el crecimiento de largo plazo y por qué prosperan las sociedades que institucionalizan la creación de conocimiento. Es difícil conciliar esa evidencia con la decisión de desmantelar uno de los pocos instrumentos que Chile había construido en esa dirección. Sabemos que el programa es perfectible, y para eso está precisamente la discusión presupuestaria que recién comienza. Atarlo a metas verificables y a evaluaciones independientes periódicas son formas concretas de fortalecerlo. Eliminarlo, por el contrario, apunta en una sola dirección: renunciar al crecimiento económico que se prometió.
José Miguel Benavente
Ex vicepresidente Ejecutivo de CORFO
Javiera Petersen
Ex subsecretaria de Economía
Aintzane Lorca
Ex jefa de la División de Desarrollo Productivo Sostenible
