La reciente publicación de los resultados de la Encuesta Intercensal 2025 del INEGI ofrece una nueva fotografía de México y de las transformaciones que experimenta nuestra sociedad. La población alcanzó los 130.9 millones de habitantes, 4.9 millones más que en 2020. Detrás de este crecimiento hay cambios muy importantes en su composición. La edad mediana pasó de 29 a 32 años, mientras que el ritmo de crecimiento demográfico continúa disminuyendo.
Esta evolución tendrá implicaciones cada vez mayores para el mercado laboral, el consumo, el ahorro, los servicios de salud, la infraestructura urbana y las pensiones. También nos obliga a reflexionar sobre las condiciones que necesitamos construir para sostener el crecimiento económico en las próximas décadas, ante la posibilidad de que disminuya gradualmente el peso relativo de la población en edad de trabajar.
Esta perspectiva también abre una oportunidad para orientar nuestros esfuerzos hacia la calidad del empleo. Si en las próximas décadas la fuerza laboral crece a un ritmo menor, será muy importante ampliar la formalidad, fortalecer la capacitación y facilitar que más personas se incorporen a empresas y sectores de mayor productividad, capaces de ofrecer mejores condiciones laborales y remuneraciones.
Este esfuerzo tiene también una dimensión humana. El trabajo debe permitir a cada persona desarrollar sus capacidades, ejercer su iniciativa y obtener una remuneración justa, con posibilidades de ahorrar y formar un patrimonio para sí y su familia. Ante el cambio demográfico, preservar y ampliar esa autonomía a lo largo de la vida adquiere todavía mayor importancia.
Durante varias décadas, México ha contado con una ventaja conocida como bono demográfico, derivada del aumento relativo de la población en edades potencialmente productivas. Este fenómeno ha permitido disponer de una fuerza laboral cada vez más amplia, aunque su aprovechamiento ha estado limitado por la informalidad, la insuficiente inversión y el bajo crecimiento de la productividad.
El bono demográfico no desaparece de un día para otro y sus efectos son distintos entre regiones. Sin embargo, la evolución de nuestra pirámide poblacional indica que debemos prepararnos para una próxima etapa en la que el crecimiento dependerá cada vez más de nuestra capacidad para generar mayor valor por cada persona que trabaja.
De esa capacidad dependerán también las posibilidades de elevar sostenidamente las remuneraciones, generar empleo formal y financiar mejores servicios.
Esto requiere fortalecer la inversión productiva, incorporar nuevas tecnologías, mejorar los procesos de organización y desarrollar empresas capaces de producir bienes y servicios de mayor valor agregado. Es especialmente importante que estos avances alcancen también a las pequeñas y medianas empresas, que necesitan mejor infraestructura, condiciones regulatorias claras, costos fiscales razonables y acceso a capacitación para elevar su competitividad.
La Encuesta Intercensal también permite fijar una meta concreta en materia educativa. El grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más pasó de 9.7 a 10.3 años entre 2020 y 2025. A partir de este avance, México podría plantearse alcanzar los 12 años promedio de escolaridad hacia 2035, equivalentes a la educación media superior completa.
Estas transformaciones tendrán además expresiones territoriales diferentes. La dinámica poblacional, la migración y la estructura de edades varían entre entidades y municipios. Conocerlas permitirá orientar mejor las inversiones, la infraestructura, la formación de talento y el desarrollo de nuevas actividades productivas, considerando las características de cada región.
El envejecimiento también abre nuevas oportunidades empresariales en sectores como la salud, la tecnología, la vivienda y los servicios personales. Una población de mayor edad modifica sus necesidades y patrones de consumo, al tiempo que conserva conocimientos y experiencia que pueden seguir contribuyendo a la actividad económica. Esta transformación también deberá reflejarse en el desarrollo urbano, con viviendas más adaptables, servicios cercanos, espacios públicos accesibles y sistemas de movilidad adecuados.
Una sociedad con una proporción creciente de adultos mayores también demandará mayores recursos para pensiones, atención médica y servicios de cuidado. Sostener esas necesidades dependerá de una economía capaz de generar riqueza, ampliar la formalidad y fortalecer las finanzas públicas, ampliando al mismo tiempo las condiciones necesarias para invertir y crecer.
En materia de pensiones, vale la pena explorar modelos que permitan comenzar a construir el ahorro para el retiro desde el nacimiento, mediante fondos individuales con un capital semilla que genere rendimientos durante décadas y al que posteriormente se incorporen las aportaciones de la vida laboral. Se trata de pensar en las nuevas generaciones y aprovechar el tiempo como aliado en la formación de su patrimonio.
Las decisiones que tomemos hoy deben ampliar las oportunidades de quienes vendrán, procurando que cada persona disponga de mejores condiciones para construir su propio futuro.
México todavía dispone de una población amplia y de importantes capacidades empresariales, industriales y humanas. Aprovechar esta etapa de transición requiere una política procrecimiento de largo plazo, que trascienda los periodos de gobierno y dé continuidad a la inversión, la educación, la infraestructura y el desarrollo productivo. No podemos posponer estas decisiones, pues sus resultados requieren años para madurar y condiciones de certidumbre para sostenerse.
Fortalecer hoy la inversión, la productividad, el empleo formal y las capacidades de las personas ampliará nuestras posibilidades de sostener el bienestar en el futuro. El cambio demográfico ya está en marcha y constituye una razón adicional para construir una economía más dinámica, competitiva y capaz de generar oportunidades para todos.
