La presentación del proyecto de Ley de Presupuestos 2027 debería dejar claro cuánto pretende gastar el gobierno y cuáles serán sus prioridades. Sin embargo, una parte de la discusión ha debido destinarse a descifrar las bases de comparación utilizadas en los anuncios, algo que resulta desgastante porque impide concentrarse en los asuntos de fondo. Se trata de un mal comienzo para la tramitación de la principal ley que debe aprobar anualmente el Congreso, sin que resulte claro por qué el Ministerio de Hacienda no ha buscado una manera de cerrar esta controversia.
El proyecto contempla un gasto de $91,18 billones, que admite a lo menos tres comparaciones. El crecimiento real de 1,5% anunciado por el Presidente de la República en cadena nacional se calcula respecto del cierre proyectado de 2026, esto es, lo que se espera gastar efectivamente este año. En tanto, el aumento alcanza al 2,7% frente a la ley inicialmente aprobada para 2026 -que es la manera como tradicionalmente se ha informado la expansión del gasto público-, y respecto de la llamada base ajustada, que incorpora el reajuste del sector público, las leyes especiales y los ajustes fiscales a la ley inicial, el aumento llega a 3,5%. Cada referencia responde a una pregunta distinta y debe identificarse al presentar los resultados.
Para comunicar la moderación del crecimiento del gasto de 1,5%, el Ejecutivo utiliza el cierre esperado de 2026, que en el agregado supera las otras dos bases de comparación, pues es la que aparece con una menor expansión del gasto y que mejor se ajusta al relato de que el presupuesto para 2027 sería austero ante la severa estrechez de las arcas fiscales. Para explicar las variaciones ministeriales, en cambio, el Ejecutivo utiliza la base ajustada, que en el global crece 3,5%. La ciudadanía podría concluir que las alzas sectoriales representan recursos adicionales frente a lo que se gastará este año, algo que los antecedentes difundidos no permiten establecer.
Para ello basta mirar lo que ocurre en el caso de cuatro ministerios. Los aumentos anunciados para Salud (4,7%), Obras Públicas (8,9%), Vivienda (5,8%) y Seguridad (7%) suman cerca de $1,7 billones respecto de la base ajustada. El presupuesto total 2027, en cambio, dispone de unos $1,4 billones adicionales frente a lo que se espera gastar en 2026. Eso indica que el aumento de esos cuatro ministerios respecto al gasto esperado es inferior a lo que muestra el detalle de ley de presupuestos, pero no se sabe cuánto menos.
El gasto de inversión pública muestra, en cambio, la claridad que debiera extenderse al resto del presupuesto. El Informe de Finanzas Públicas (IFP) recientemente publicado señala que crecería 7,3% respecto del gasto esperado para 2026, pero solo 1,6% frente a la ley aprobada para ese año. Ambas cifras permiten dimensionar el anuncio que la expansión respecto de lo originalmente presupuestado es modesta y buena parte del repunte responde a recuperar terreno frente a una ejecución inferior a la prevista y recortes realizados. Presentarlo únicamente como un aumento de 7,3% sobredimensionaría el impulso a la inversión para 2027, y es justamente ese mismo estándar el que debería aplicarse a cada ministerio.
Consultado por este medio sobre la comparación ministerial del presupuesto con el gasto esperado, el Ministerio de Hacienda sostuvo que parte de los recursos permanecen provisionados en el Tesoro Público y que su distribución podría modificar las cifras sectoriales. La advertencia es atendible: una provisión pendiente de asignación no equivale necesariamente a un recorte de gastos en el ministerio. Pero esa dificultad obliga a transparentar los montos y sus posibles destinos, así como los traspasos de funciones y recursos entre ministerios. Si una comparación directa puede inducir a error, corresponde entregar los antecedentes que permitan interpretarla correctamente. La dificultad técnica refuerza la obligación de informar, no de omitirla.
Para efectos de sostener una discusión informada, el Congreso necesita saber qué partidas aumentan efectivamente y cuáles retroceden respecto del gasto esperado para el 2026. Para ello, el Ejecutivo debería entregar un cuadro que conecte la ley aprobada, la base ajustada, el cierre proyectado y la propuesta para 2027, identificando las provisiones sin distribuir. El IFP ya permite examinar el gasto agregado, por ello cabe exigir una explicación equivalente de las cifras de ministerios y programas utilizadas en los anuncios.
El gobierno se apresta a cumplir la meta de balance fiscal el 2026, después de tres años de incumplimientos. Pero este esfuerzo no puede verse afectado por una decepcionante puesta en escena del presupuesto 2027, que deja al Congreso y a la ciudadanía la tarea de descubrir el alcance del ajuste por ministerios y programas, y en cuánto aumenta cada uno de ellos su presupuesto. Sería cuestionable que esta complejidad técnica finalmente pudiera estar siendo utilizada como un recurso para dejar satisfechos tanto a quienes abogan por un presupuesto austero, como a la vez para mostrar que ciertos ministerios clave aumentan en forma importante su presupuesto, en circunstancias que ello podría ser dudoso.
Cabe no perder de vista que uno de los mayores cuestionamientos que el actual oficialismo formuló al gobierno anterior fue acerca de la fiabilidad de las cifras contenidas en las partidas presupuestarias, por lo que el Ejecutivo, si quiere ser congruente, debería buscar la manera para despejar cuanto antes las dudas que han surgido y así evitar cualquier suspicacia en relación a la forma cómo se han presentado las cifras. La complejidad técnica no puede servir de excusa para eludir una obligación básica de rendición de cuentas.
