SEÑOR DIRECTOR:
La denuncia masiva del Servel contra 3.760.261 electores por no votar en 2025 dejó al descubierto el problema de dos formas incompatibles de operar: una plenamente digital, capaz de procesar millones de datos en segundos, frente a otra que aún vive en el papel. Los 379 Juzgados de Policía Local siguen obligados por la Ley N° 18.287 a tramitar caso a caso bajo una formalidad que no es propia de los tiempos actuales.
La contradicción se acentúa en las notificaciones. Los tribunales deben notificar por carta certificada mayormente, lo que dilapida recursos municipales en notificaciones fallidas por domicilios desactualizados. La consecuencia es la impunidad: multas incobrables y apremios inejecutables que transforman el mandato cívico en un régimen voluntario de facto.
Urge implementar el Domicilio Digital Único para habilitar notificaciones judiciales automáticas o, derechamente, desjudicializar el cobro radicándolo en el Servel y la Tesorería General mediante retenciones fiscales e inhabilidades administrativas. No podemos fiscalizar la democracia del siglo XXI con la burocracia de papel del siglo pasado.
Aldo Manuel Herrera
Investigador Instituto Libertad
