La persecución contra jueces y magistrados por parte del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, que el pasado 1 de septiembre cumplió su primer año de funciones, sigue en aumento.
Hasta ahora hay 248 casos documentados en los que magistrados, jueces, secretarios y personal administrativo han recibido sanciones o son investigados por haberse opuesto a la reforma judicial o por emitir sentencias contrarias a la Cuarta Transformación.
Rufino H. León Tovar, magistrado del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), declaró que hasta el pasado 1 de septiembre tiene cuenta de 75 servidores públicos que ya recibieron resoluciones firmes, con un total de 95 sanciones.
Asimismo, 173 servidores públicos se encuentran bajo investigación formal con procedimientos administrativos en curso.
Varios afectados, que hasta ahora habían evitado dar sus nombres por miedo a mayores represalias, platicaron con EL UNIVERSAL.
Martha Eugenia Magaña López, exjueza de Distrito en el estado de Morelos, fue una de los casi mil jueces y magistrados federales que declinaron participar en la elección judicial propuesta por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, aprobada y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre de 2024.
A pesar de haber presentado su renuncia anticipada en rechazo a la mencionada reforma, el pasado 11 de marzo de 2026 la Comisión de Investigación del Tribunal de Disciplina Judicial inició formalmente un procedimiento administrativo disciplinario contra Magaña López, a petición de la Secretaría de Gobernación.
¿Su delito? Haber tramitado como “urgente”, admitido y concedido la suspensión provisional y definitiva en el juicio de amparo 1251/2024 contra el proceso de la reforma judicial. Se le acusa de “contravención expresa a la Ley de Amparo”, “desacato a jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y de actuar bajo un conflicto de interés personal para frenar una facultad soberana del poder reformador”.
“La orden para iniciar este procedimiento, así como juicio político y denuncia penal, vino directamente de AMLO y así se concretó, mi denunciante es la Consejería Jurídica de Secretaría de Gobernación”, declaró la exjueza en entrevista con EL UNIVERSAL.
Para ella, se trata de una persecución a todas luces.
“Nos están sancionando selectivamente. Hay, por ejemplo, titulares ahora electos o afines al régimen que en su momento concedieron suspensiones en el mismo sentido que yo y no tienen investigación sobre el tema (…) porque los estándares internacionales son claros: a ningún juez se le procesa por el sentido de sus resoluciones, para eso está la vía jurídica, que, por cierto, en mi caso no se agotó por parte de quien me denunció”, dijo.
José Antonio Lozano Batarse es otro juez de Distrito en retiro quien estuvo adscrito a Coahuila.
El pasado 25 de septiembre de 2026 enfrentó su primera audiencia para responder al procedimiento de responsabilidad administrativa con número 50/2026- OJ, iniciado por el Comisión de Investigación del Tribunal de Disciplina Judicial.
¿El delito? Haber admitido a trámite la demanda y concedido de manera parcial la suspensión provisional en el amparo 1364/2024, promovido por abogados contra el la reforma judicial. Se le acusa de “desviación de la legalidad” y de emitir una orden para paralizar una reforma constitucional.
Lozano Batarse, quien se jubiló anticipadamente para declinar participar en el proceso electoral derivado de la reforma judicial, explicó que su caso ya había sido desechado y el nuevo tribunal amplió la denuncia para continuar con la persecución.
“La denuncia administrativa ya se había desechado de manera fundada y motivada por el Consejo de la Judicatura Federal, y se reactivó por un recurso formulado por quien ahora dirige el órgano de administración, lo que denota falta de imparcialidad, pues mejoró y amplió la denuncia original para así encuadrar de manera forzada los hechos como ‘falta grave’. Es lamentable que haya una persecución contra quien ‘se atrevió’ a ejercer sus funciones constitucionales”, declaró.
Las constancias revelan que la Unidad General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación fue la encargada de articular la ofensiva, interponiendo quejas masivas contra jueces suspendidos.
Aunque inicialmente la Comisión de Disciplina del extinto Consejo de la Judicatura Federal (CJF) desechó estas quejas por considerarlas improcedentes, bajo el criterio histórico de que las medidas cautelares y suspensiones forman parte del libre criterio jurisdiccional y no son revisables en la vía administrativa, una cerrada votación política de cuatro votos contra tres en el pleno del CJF en marzo de 2025 revirtió los criterios, abriendo las puertas para las indagatorias oficiosas actuales.
El escenario no se limita al terreno administrativo de las suspensiones. Es el caso del juez de Distrito Sergio Alberto Sigales Obrador Garrido, quien hoy enfrenta una carpeta de investigación criminal (FED/FECOC/FEIDCSAJ-COL/000 4406/2025) por parte de la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la FGR por supuestos delitos en contra de la administración de la justicia.
Este uso paralelo de la vía penal y disciplinaria también ha encendido las alarmas de los juzgadores en retiro, como el juez Juan Gerardo Anguiano Silva, quien enfrenta ocho procedimientos simultáneos, todos clasificados como “graves”, por el único motivo de haber admitido amparos y otorgado suspensiones provisionales contra la reforma judicial durante su gestión en el Juzgado Octavo de Distrito en Michoacán.
Anguiano Silva ya prepara una estrategia de defensa alineada a los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos ante lo que califica como persecución de Estado abierta y mediática.
“En mi caso se ve mucho más forzada la acusación porque tiene algunas características diferentes. Las suspensiones se negaron parcialmente, luego se concedieron sólo para que no culminara en su última etapa el proceso legislativo, pero se negaron de forma definitiva por estar consumada la reforma. Aun así, afirman que se tuvo un interés personal para paralizar toda la reforma. Eso implica que no están particularizando caso por caso, sino seguir su línea y orden de sancionar y amedrentar a todos”, expuso.
A la lista se suma el caso de Beatriz Eugenia Álvarez Rodríguez, jueza en retiro por Aguascalientes, quien también enfrenta procesos por haber otorgado suspensiones contra la reforma judicial.
“Es una cacería, no se explica de otra forma, dado que existe un dictamen de la comisión de investigación del propio Tribunal de Disciplina Judicial en el sentido de que la acción que se me adjudica no tiene relevancia ni trascendencia para ser investigada. Además, se trata de una cuestión de criterio jurídico que no debiera ser objeto de investigación (…) es inconstitucional que el Tribunal de Disciplina Judicial me haya instaurado un procedimiento disciplinario respecto de hechos acaecidos antes de su instalación (…) hicimos lo correcto al resolver de forma independiente y autónoma, de eso jamás me arrepiento”, declaró.
Así, los expedientes oficiales del recién instalado Tribunal de Disciplina Judicial y de la Fiscalía General de la República (FGR) se acumulan por decenas, y lo que inició en 2024 como una batalla jurídica mediante demandas de amparo y suspensiones provisionales para frenar la reforma judicial hoy es, de acuerdo con los juzgadores involucrados, un patrón sistemático de responsabilidades administrativas e imputaciones criminales.
“Confirman que el aparato oficial del Estado ha desplegado una estrategia coordinada de asfixia legal y persecución contra los juzgadores que decidieron resolver en ejercicio de su independencia”, dijo a EL UNIVERSAL la magistrada en retiro María Emilia Molina de la Puente, quien también es presidenta del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Juzgadoras (AMJAC).
Martha Eugenia Magaña pidió al resto de juzgadores que hoy enfrentan un procedimiento o temen ser sancionados por sus decisiones, “que levanten la voz”.
“Esto que vivimos es una afrenta política que tiene un solo fin: mandar un mensaje de autoridad al resto de los titulares. Pero yo les digo a todos los juzgadores en funciones: ‘esto te puede pasar a ti si no resuelves como al régimen le conviene’”, dijo.
Hoy se llevará a cabo la audiencia en contra de Martha Eugenia Magaña, por lo que un grupo de integrantes y exintegrantes del Poder Judicial alistan una manifestación en su defensa, a las afueras del Tribunal de Disciplina Judicial.
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