Lo que hace apenas una semana se presentó con bombo y platillo como la mayor incautación de combustible ilegal en la historia del país parece haberse desmoronado por completo.

El espectacular anuncio del decomiso de más de 59 millones de litros de petrolíferos en la terminal de almacenamiento de San José Iturbide, Guanajuato, se ha transformado en un catálogo de pifias e improvisaciones. La silenciosa salida de Juan Francisco Vera Ayala como delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en ese estado no hace más que confirmar el tamaño del traspiés.

Hay que decirlo con claridad: de haber sido real la existencia de semejante volumen de combustible ilícito resguardado en esa infraestructura, a Vera Ayala no lo habrían despedido; le habrían colgado una medalla. Cuando una acción ministerial resulta jurídicamente inexpugnable, la autoridad presume el éxito. Cuando se trata de un montaje o de un penoso error de cálculo, se busca discretamente el hilo más delgado para cortar por lo sano.

Para valorar la gravedad de este episodio hay que revisar sus antecedentes. El operativo en la planta de La Fragua habría ocurrido realmente desde el 4 de septiembre de 2026 y no el 17 de septiembre, fecha en que la autoridad decidió hacerlo público mediante una cuidada narrativa mediática. Transcurrieron casi dos semanas entre la intervención física y el anuncio triunfal. Dados esos antecedentes y las aclaraciones que ha hecho la propietaria de la terminal, cualquiera tiene derecho a preguntarse si la investigación emprendida por Vera Ayala respondía a un genuino combate al delito —producto, como se ha dicho, del seguimiento a que dio lugar la identificación de una pipa con huachicol— o si no se trataba, más bien, de un intento de extorsión contra una empresa que contaba con facturas, pedimentos y permisos en regla.

El problema es que este expediente no representa un hecho aislado. Con este caso se acumulan demasiadas explicaciones pendientes en lo que va de la gestión de Ernestina Godoy al frente de la FGR. Conviene recordar que ella asumió la titularidad del Ministerio Público federal hace menos de un año, en diciembre de 2025, en sustitución de Alejandro Gertz Manero, prometiendo un viraje de rigor técnico y transparencia. Sin embargo, los saldos distan de cumplir esa promesa.

Entre las dudas sin resolver destaca la repentina remoción de Ulises Lara como fiscal especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero del organismo. Tampoco se comprende por qué la representación social sostiene que no ha podido localizar al almirante José Rafael Ojeda Durán, exsecretario de Marina, requerido como testigo por la jueza que instruye el proceso de los hermanos Farías Laguna. La FGR argumenta no saber dónde encontrar al alto mando en retiro, a pesar de que es de dominio público que acude de forma habitual al Club Campestre de la Ciudad de México a jugar golf.

A la lista se suma la fragilidad de las pesquisas sobre el homicidio del diputado federal electo Héctor Melesio Cuén, donde extrañamente sólo hay una persona procesada a pesar de las complejas ramificaciones del crimen, que incluyen al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y su entorno.

Asimismo, resulta perturbador el criterio para encarcelar en el penal de máxima seguridad de El Altiplano al exgobernador Ernesto Ruffo Appel, un hombre de 74 años de edad, con una salud visiblemente deteriorada que requeriría consideraciones humanitarias y que, hasta donde se sabe, no representa un riesgo para la sociedad como sí lo son los capos con los que hoy comparte confinamiento. Y tampoco ha creído necesario llamar a declarar al senador Adán Augusto López Hernández, pese a que fue él quien nombró como secretario de Seguridad de Tabasco a quien resultó ser el jefe de una organización criminal.

Caso por caso, el manejo actual de la FGR acumula sombras. Dudar sobre el rigor de sus investigaciones es legítimo. Lo ocurrido en San José Iturbide es la confirmación de que el contribuyente está pagando la operación de una fiscalía que persigue con ferocidad a los adversarios, protege a los integrantes de la clase gobernante y confunde el espectáculo mediático con la procuración de justicia.