Fátima Hernández Angulo, estudiante de la licenciatura en ciencias de la UAEM, fue víctima de abuso sexual en 2019 por parte de su compañero de carrera, Adrián “N”.

A pesar de que el agresor acumula al menos cuatro denuncias más por violencia sexual y violación dentro de distintos centros de investigación de la institución, las autoridades universitarias desestimaron las quejas, le otorgaron clases particulares al sujeto e ignoraron la protección de las alumnas.

La agresión ocurrió en el departamento de la estudiante en Cuernavaca, donde Adrián “N” se quedó a dormir tras una reunión.

“Él empezó a abusar de mí, a tocarme, y yo le dije que no en repetidas ocasiones, hasta que me paré y me salí de mi departamento”, relató Fátima.

El agresor, quien contaba con ventaja académica por ser hijo de un investigador de la UNAM, admitió los hechos al día siguiente mediante mensajes de texto. Sin embargo, la víctima guardó silencio inicial ante la falta de redes de apoyo.

Fue hasta el regreso a clases presenciales tras la pandemia de covid-19 cuando se reveló que el estudiante operaba como un agresor recurrente en el campus.

“No era sólo mi denuncia en la Unidad de Atención a Víctimas, eran también de otras compañeras de otros centros de investigación. Lo mío, de todo lo que pasó, fue lo menos grave, porque las otras fueron violaciones”, explicó Hernández Angulo respecto a los casos documentados en el Centro de Investigaciones en Dinámica Celular (CIDC), el Centro de Investigaciones Químicas y la Facultad de Humanidades.

Al acudir a la Unidad de Atención a Víctimas de la UAEM, la respuesta institucional derivó en revictimización y trabas administrativas. La universidad omitió brindarle apoyo psicológico y propuso un careo para llegar a un arreglo.

“Me dijeron básicamente si yo quería hablar con mi agresor para llegar a un punto de acuerdo. No entendía cómo me iban a poner a sentar con él cuando abusó sexualmente de mí”, señaló.

En lugar de sancionar o expulsar al estudiante, la institución justificó su derecho a la educación y le asignó clases particulares. “A este tipo no lo sacaron de la carrera, le dieron clases particulares a él solo, los profesores sólo con él”, añadió.

A la inacción de las autoridades se sumó la presión de la dirigencia de la Federación de Estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (FEUM), encabezada en ese momento por César Mejía y Clarisa Manrique, quienes lejos de ofrecer acompañamiento o asesoría psicológica, condicionaron el apoyo a la presentación de denuncias penales ante la fiscalía estatal, lo que provocó que otras víctimas se dieran de baja de la licenciatura.

El 1 de diciembre de 2022, las estudiantes organizaron una manifestación hacia la sede central de la universidad.

“Éramos dos mujeres mirando a Rectoría y están los videos de cómo nos azocaban las puertas en la cara para que no entráramos”, detalló la joven.

La falta de sanciones internas y el desgaste emocional llevaron a las víctimas a desistir del proceso penal ante la falta de garantías en los órganos procuradores de justicia.

“No existe un protocolo real de protección para las alumnas. Como no hay sanción de ningún tipo, ni estudiantil ni judicial, se vuelven depredadores sexuales”, concluyó Hernández Angulo sobre la impunidad institucional que prevalece en las aulas.