El Gobierno del Estado de Baja California fijó una postura institucional ante la reciente información difundida por las autoridades estadounidenses sobre sanciones a particulares, asegurando que «ante la información emitida por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del gobierno de los Estados Unidos, en donde se menciona a particulares, el Gobierno del Estado de Baja California puntualiza» diversas aclaraciones sobre la situación patrimonial y personal de la mandataria estatal.
Dentro de las Precisiones sobre la relación personal con uno de los señalados, la administración estatal enfatizó que «la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda está legalmente divorciada de Carlos Torres Torres» y añadió de forma categórica que «el único interés que comparte es el bienestar de nuestros hijos», desvinculando así cualquier relación financiera o administrativa con su expareja.
Respecto al alcance de las medidas dictadas por el Departamento del Tesoro estadounidense, el comunicado precisa la situación legal de la jefa del Ejecutivo estatal al detallar que «la gobernadora no figura entre las personas sancionadas por la OFAC», con lo que busca frenar especulaciones sobre posibles afectaciones directas a su persona o a la investidura que ostenta.
En materia de transparencia patrimonial y fiscal, la postura oficial subraya que «la gobernadora no posee cuentas bancarias ni bienes inmuebles en el extranjero» e insiste de manera contundente ante la opinión pública que «su patrimonio está declarado ante las autoridades mexicanas», respaldando la legalidad de sus bienes bajo la normativa local.
Como acción preventiva en la administración pública, se activaron revisiones internas sobre las compañías involucradas, informando que «la gobernadora instruyó a la Oficialía Mayor a verificar si las empresas señaladas por la OFAC han contratado con el Gobierno del Estado», con el fin expreso de «remitir los expedientes a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para que actúe conforme a la ley».
Finalmente, la autoridad estatal definió la deslindación de responsabilidades individuales frente al proceso legal, remarcando que «las personas señaladas deberán atender directamente su situación ante las autoridades competentes», dejando en claro que «el Gobierno del Estado no hablará en su nombre y continuará enfocado en la seguridad, el desarrollo y el bienestar de Baja California».
