El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (Orfis) detectó graves irregularidades del Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento S.A.P.I. de C.V. (Grupo MAS), empresa privada que tiene a su cargo la prestación del servicio público de agua potable, alcantarillado, tratamiento y saneamiento de aguas residuales en los municipios conurbados de Veracruz y Medellín.
Al dar a conocer los resultados de una auditoría especial ordenada por el Congreso del Estado a la empresa del consorcio Acciona España, el organismo determinó que el grupo incumplió con las obligaciones de la concesión que le fue otorgada, como la creación de un fideicomiso de garantía, el incumplimiento de inversiones previstas en infraestructura, además que mantiene pagos pendientes y anomalías en obras y plantas de tratamiento.
Durante los últimos años, la operación del Grupo MAS ha sido severamente cuestionada por ciudadanos y autoridades municipales, quienes han denunciado un deficiente servicio de agua potable e incluso recientemente las autoridades del municipio de Veracruz denunciaron que la falta de atención de la concesionaria había provocado que las principales calles y avenidas de la ciudad se reportaran hundimientos, socavones, fugas y otras deficiencias.
En los resultados de las auditorías entregados a diputados locales, se observó que la empresa se negó a entregar documentación o lo hizo de manera parcial, por lo que los auditores advirtieron que, una vez concluido el Procedimiento de Fiscalización Superior, la compañía no solventó las observaciones que implicaban la inobservancia de disposiciones legales o que denotan una deficiencia administrativa por error, omisión o negligencia.
Con base en los procedimientos de auditoría realizados y en la documentación proporcionada, el Orfis concluyó que el Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento no acreditó de manera suficiente que la estructura fiduciaria implementada mediante los Fideicomisos 2558 y 2559 cumpliera a cabalidad con el esquema previsto por el Título de Concesión.
“Por lo que no es posible verificar que los recursos y derechos afectados al patrimonio fideicomitido hayan operado como respaldo efectivo de las obligaciones financieras y operativas derivadas de la concesión”, advirtió.
Además, los auditores denunciaron que no se acreditó suficientemente que la totalidad de los ingresos relacionados directa o indirectamente con los servicios concesionados se encuentre afectada y administrada de acuerdo con lo establecido en el título de Concesión.
“No se proporcionó evidencia suficiente que permita conciliar integralmente los recursos recibidos, transferidos, invertidos y aplicados mediante los Fideicomisos 2558 y 2559, con los registros contables de la concesionaria y con los saldos reconocidos como efectivo restringido”, se detalló.
El Orfis denunció que la concesionaria no proporcionó evidencia documental suficiente que permita demostrar la constitución anual, identificación en una subcuenta específica, integración, disponibilidad, aplicación y restitución de los recursos correspondientes al Fondo de Reserva para Contingencias.
La empresa, además, entregó información incompleta que demostrara el pago de arrendamiento de los bienes relacionados con la prestación de los servicios concesionados; sin embargo, aun así, el órgano auditor encontró que adeuda de los ejercicios 2022 a 2025.
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