La difusión pública prematura de posibles filtraciones de datos personales relacionados con empresas puede comprometer la investigación del delito, señaló la Asociación de Internet MX (AIMX).

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno dio a conocer que había indicios de la posibilidad de filtración de datos de call centers de instituciones bancarias y de una aerolínea.

Aunque la Asociación reconoce que la venta de una base de datos sustraída es un hecho delictivo, señalar públicamente a una empresa por su nombre, cuando todavía se está frente a indicios que requieren verificación, puede generar un efecto de revictimización y producir un daño reputacional y comercial anticipado, menciona Juan Antonio Ramírez Márquez, vicepresidente de Relaciones con Gobierno de la AIMX.

"Antes de atribuir el origen, autenticidad o responsabilidad respecto de una base de datos, resulta indispensable determinar si la información es auténtica, cuál es su antigüedad, de dónde provino, cómo fue obtenida y si existió algún incumplimiento atribuible al responsable o a un tercero”, indica Ramírez Márquez.

La Secretaría tiene competencia para verificar el cumplimiento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP), sin embargo, preocupa que un monitoreo derive en el anuncio público de una investigación de oficio para “determinar la presunta responsabilidad” de una empresa identificada por su nombre, aún cuando los propios comunicados reconocen que las filtraciones están en calidad de “supuestamente atribuible” y que el sistema “podría estar relacionado” con las empresas, destaca la organización.

Propuesta

La asociación señala que coincide con la dependencia en proteger a los titulares de los datos, por lo que solicita el establecimiento de mecanismos para lograr que los hallazgos del gobierno fortalezcan la protección de datos sin debilitar el debido proceso, la investigación de los delitos ni la confianza en la economía digital.

“Un esquema en el que cada publicación criminal detona una verificación y una eventual multa crea un incentivo perverso. Entrega a los grupos delincuenciales una nueva palanca de extorsión, les basta difundir una muestra para activar a la autoridad contra su víctima. También desalienta que las empresas compartan información sobre incidentes, que es justo lo que el ecosistema necesitaría para atenderlos oportunamente”, dijo Lina Rodríguez, presidenta de la AIMX.

La medidas propuestas por la AIMX incluyen el aviso temprano del incidente y confidencial al responsable, una coordinación inmediata con las autoridades de investigación, contar con criterios claros de comunicación pública donde la autoridad comunique cuando sea necesario, para proteger a las personas, con recomendaciones útiles para ellas, y que reserve la identificación del Responsable hasta contar con hechos verificados o una resolución.

También propone una mesa permanente entre la autoridad y la industria, contar con incentivos a la transparencia y atenuantes formales y tener un protocolo de preservación de evidencia digital.

“Las empresas que detectan, contienen e informan con oportunidad deben encontrar en la autoridad a un aliado. Un entorno que castiga la transparencia produce silencio, y el silencio deja indefensas a las personas. La protección de los datos personales es una responsabilidad compartida", mencionó Iván Díaz González, vicepresidente de Innovación y Tecnologías Emergentes de la Asociación.