La Dirección de Presupuestos (Dipres) informó un sobregasto de $10.615 millones en compras del Estado realizadas a través de la modalidad de convenio marco, correspondientes a adquisiciones ejecutadas durante los años 2022 y 2023.

El hallazgo fue expuesto en el Informe de Finanzas Públicas del segundo trimestre de 2026, elaborado por la entidad dependiente del Ministerio de Hacienda, hoy liderado por Jorge Quiroz. La auditoría determinó que diversas instituciones públicas adquirieron productos a oferentes más caros, pese a existir alternativas económicas disponibles en el mismo catálogo de proveedores.

De acuerdo a los antecedentes publicados por La Tercera, solo 28 entidades concentran el 91,2% del sobreprecio total. La lista es encabezada por Gendarmería con un 26,9% ($2.835 millones), seguida por el Instituto Geográfico Militar con un 12,6% ($1.330 millones). Más atrás figuran los servicios de salud Metropolitano Sur, Oriente, Norte, Concepción y Araucanía Sur, promediando un 4% cada uno.

El millonario sobregasto en alimentos e insumos

Al desglosar los pagos en exceso, el 73,2% de los $10.615 millones corresponde a la compra de alimentos, mientras que un 19,3% se destinó a artículos de aseo e higiene. Entre los ejemplos registrados de sobreprecio figuran $430 millones adicionales pagados por pechugas de pollo deshuesadas, $255 millones en zapallos y $144 millones en pañales.

Esta revisión se enmarca en la instrucción del Ejecutivo de auditar los recursos desembolsados durante la administración de Gabriel Boric. La medida se suma al recorte presupuestario del 3% exigido a los distintos ministerios al inicio de la actual gestión para contener el gasto fiscal, señala el medio citado.

En el documento oficial, la Dipres estableció que los resultados “sugieren la implementación de una estrategia de revisión focalizada y costo-efectiva, priorizando aquellos servicios públicos y convenios marco que concentran la mayor proporción del sobregasto”.

Asimismo, el organismo advirtió sobre la tendencia de las reparticiones a agotar sus recursos a fin de año. “Se recomienda reforzar los incentivos para evitar la ejecución innecesaria de recursos hacia el cierre del ejercicio presupuestario”, indicaron, argumentando que este comportamiento podría responder a metas de ejecución presupuestaria más que a “necesidades operacionales prioritarias”. Los datos del estudio, consolidados en abril de 2025, ya fueron utilizados para reajustar las asignaciones de los 28 servicios involucrados en la Ley de Presupuesto 2026.