El diputado local del PAN, Diego Garrido, propuso crear la Fiscalía Antidespojos en la Ciudad de México.
Su propuesta plantea modificar la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia capitalina para que exista la Fiscalía Especializada en Investigación de Despojo y Delitos contra la Propiedad Inmobiliaria, la cual se encargará de dirigir, coordinar y ejecutar la investigación y persecución de los delitos de despojo y de aquellos delitos conexos que afecten o tengan por finalidad afectar ilegítimamente la posesión, propiedad, uso, disfrute o derechos derivados de bienes inmuebles.
De acuerdo a la propuesta, esta Fiscalía Especializada se encargará de conocer, investigar y perseguir el despojo, los delitos cometidos para facilitarlos, la falsificación, alteración, simulación o utilización de documentos, contratos, instrumentos notariales, registrales, catastrales o administrativos cuando tengan por finalidad acreditar, transmitir, modificar, ocultar o aparentar derechos sobre un inmueble para consumar o facilitar un despojo.
Asimismo, investigaría los actos de simulación de arrendamiento, comodato, compraventa, cesión de derechos, mandato, representación o cualquier otro acto jurídico que tengan como finalidad obtener, conservar o transmitir ilegítimamente la posesión o derechos sobre un inmueble; y los delitos cometidos por personas servidoras públicas, particulares, fedatarios, gestores, intermediarios o integrantes de organizaciones o estructuras criminales cuando su participación se encuentre relacionada con la investigación de alguno de los delitos de despojo o contra la propiedad privada.
En tanto, el diputado Andrés Atayde impulsó una iniciativa para atender de manera rápida a las víctimas de despojo en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
“Hoy discutimos una iniciativa que parte de una realidad incómoda, dolorosa y urgente: en nuestro país, una persona puede perder su vivienda, su patrimonio y la tranquilidad construida durante toda una vida, y aun así enfrentar una ruta institucional lenta, fragmentada e incierta para recuperar lo que legítimamente le pertenece”, señaló.
Atayde explicó que la propuesta establece una vía rápida para las controversias civiles por despojos, con el propósito de garantizar una justicia ágil y uniforme en todo el país.
“No puede ser que la rapidez con la que una persona puede defender su patrimonio dependa del código postal en el que viva o de si, en su entidad federativa, se ha emitido un acuerdo administrativo que habilite determinada vía procesal”, sostuvo.
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