Un grupo de diputados del Partido Comunista, Partido Socialista y Frente Amplio recurrió a la Contraloría General de la República para objetar la legalidad de la reciente incorporación de Chile al programa “Escudo de las Américas”. La acción fiscalizadora busca determinar si el presidente José Antonio Kast excedió sus atribuciones constitucionales al suscribir este pacto internacional.
La ofensiva, impulsada por los parlamentarios Luis Cuello (PC), Juan Santana (PS), Daniela Serrano (PC), Jaime Bassa (FA) e Irací Hassler (PC), se fundamenta en que el acuerdo funcionaría en la práctica como un tratado vinculante. Según los requirentes, el Ejecutivo presentó el mecanismo como una simple coordinación voluntaria frente al crimen organizado, pero sus alcances jurídicos exigirían la aprobación previa del Congreso Nacional.
El requerimiento solicita directamente al ente contralor, encabezado por Dorothy Pérez, revisar detalladamente tanto el contenido íntegro del documento como el mecanismo administrativo utilizado por el actual gobierno para oficializar la adhesión del país al bloque multilateral.
Las discrepancias entre Chile y EE.UU. por el Escudo de las Américas
La principal controversia radica en las notorias diferencias comunicacionales entre los gobiernos participantes. Mientras la Cancillería chilena informó el pasado 22 de septiembre sobre un marco de cooperación policial e intercambio de inteligencia, el Departamento de Estado estadounidense publicó en paralelo la “Declaración conjunta sobre la defensa de la soberanía hemisférica”.
Este último texto, firmado por 15 países, establece pilares económicos y de defensa que incluyen directamente el manejo de cadenas de suministro de minerales críticos. Además, aborda la evaluación de acciones colectivas ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) bajo el amparo del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR).
Basándose en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, los legisladores argumentan que las obligaciones adquiridas superan la simple intención de colaborar. “En este requerimiento estamos demostrando ante la Contraloría que el Escudo de las Américas es un tratado internacional encubierto”, afirmó Cuello, advirtiendo que la medida expone el cobre y el litio nacional ante intereses de potencias extranjeras.
Por su parte, la diputada Hassler enfatizó en las repercusiones legislativas y territoriales de lo suscrito en el extranjero. “Cooperar contra el crimen organizado exige respetar nuestra soberanía nacional y nuestras leyes, proteger nuestras decisiones económicas y nuestros recursos como son los minerales críticos”, aseguró la parlamentaria, agregando que “no estamos disponibles para someter a Chile a una supuesta soberanía hemisférica al alero de los intereses de Estados Unidos”.
Hoy acudimos a Contraloría para solicitar la revisión de la legalidad de la adhesión de Chile al «Escudo de las Américas». Junto a los diputados @luiscuellop @Juan_SantanaC y diputada @SerranoDaniela_ señalamos que sus compromisos podrían afectar materias reguladas por ley y… pic.twitter.com/PCPkLqrFMl
— Irací Hassler Jacob (@IraciHassler) September 28, 2026
