La Corte Suprema acogió -o tuvo presente- el desistimiento presentado el 25 de septiembre por la minera Andes Iron, que desarrolla el proyecto Dominga.
El proyecto controlado por la familia Délano argumentó que prefirió no obstaculizar las solicitudes de invalidación presentadas en contra de la decisión del Comité de Ministros, la que confirmó el rechazo de la iniciativa en enero de 2025.
“La Corte Suprema se encontraba tramitando estos recursos, lo que congeló el avance de las solicitudes de invalidación. En las actuales circunstancias, Andes Iron estimó como prioritario que se rectifique una actuación administrativa que se realizó en desacato, por lo que ha adoptado esta decisión en respeto y deferencia a las organizaciones sociales que legítimamente se encuentran procurando progreso y desarrollo para la Región de Coquimbo”, explicó Dominga para desistirse.
El abogado Marcos Emilfork, que representa a la ONG Fima, contraparte de Dominga, pidió, luego de que la Suprema tuviera presente el desistimiento, que las costas del proceso fueran pagadas por la minera.
Ello porque acusa que la acción de Dominga “exhibe características incompatibles con la buena fe procesal y ha generado perjuicio. El uso instrumental del recurso de casación para llevar a cabo la ‘ejecución’ de un proyecto sin una RCA vigente es contrario a la buena fe y requiere de un mecanismo remedial”. Sobre la solicitud del abogado, el máximo tribunal no se ha pronunciado.
Ahora Dominga espera la decisión del Comité de Ministros, organismo que debe resolver las cuatro reclamaciones presentadas por organizaciones sociales a inicios de junio, las que fueron, según la minera, las razones para desistir de su recurso ante la Suprema.
Fuentes del proceso comentan que “se tuvieron por desistidos los recursos de casación y de queja interpuestos ante la Corte Suprema por Andes Iron, y ello fue notificado a la Corte de Apelaciones de Antofagasta. Con ello, la sentencia de apelación de esta última queda firme, con lo que se anula todo lo obrado en el procedimiento de cumplimiento incidental de sentencia del Tribunal Ambiental de Antofagasta”.
“Ahora el camino está despejado para que el SEA/Comité de Ministros dé tramitación a las solicitudes de invalidación presentadas en mayo 2026 y para que las resuelva en consecuencia”, precisan cercanos.
“El objetivo perseguido”
El proyecto de cobre y hierro Dominga, que inició obras en agosto, cuenta con una inversión de US$ 3.000 millones y está localizado en la comuna de La Higuera, en la Región de Coquimbo. Por año, prevé una producción de 150 mil toneladas de concentrado de cobre y 12 millones de toneladas de concentrado de hierro.
En septiembre de 2013 Dominga comenzó la tramitación de su proyecto minero-portuario. En estos trece años, la iniciativa ha sido rechazada en tres ocasiones por el Comité de Ministros, la máxima autoridad ambiental del país, en 2017, 2023 y 2025.
Los vistos buenos que ha recibido el proyecto comprenden la aprobación que recibió de parte de la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de Coquimbo en 2021, y el fallo del Primer Tribunal Ambiental en 2024, que anuló los rechazos que había recibido en el pasado el proyecto.
El proceso ante la Corte Suprema se encontraba en redacción, la última etapa, a cargo de la ministra Adelita Ravanales. “Quien obtiene la suspensión invocando un riesgo y después renuncia a la sentencia cuya eficacia decía proteger demuestra que la suspensión era el objetivo perseguido y no el resguardo de la ejecución de la sentencia, que luego desistió”, apunta el escrito de Emilfork.
Más aún, sostiene que la estrategia legal “responde a una técnica reiterada, consistente en obtener o prolongar la suspensión de los actos adversos para avanzar materialmente en el proyecto mientras carece de una calificación ambiental favorable”. Y ahondan que “desistirse cuando la causa está en estado de ser sentenciada tiene la apariencia de una conducta dilatoria que tiene como fin de mantener la suspensión vigente el máximo tiempo posible sin que, sin embargo, concluyera con una sentencia”.
