La semana pasada, dos espacios distintos pusieron sobre la mesa una misma pregunta. ¿Cómo aprovechar mejor las capacidades que México ya tiene para prevenir riesgos y responder con mayor eficacia frente a la delincuencia?

El primero fue la presentación del libro La seguridad privada en el Estado mexicano, que tuve el privilegio de coordinar junto con Carlos Matute y Jaime Domingo López. La obra recorre la evolución del sector, desde los antiguos serenos y veladores hasta una industria que hoy protege personas, empresas e infraestructura estratégica, y aborda también sus retos de regulación, profesionalización, tecnología, inteligencia y gestión de riesgos. Presentarlo fue también una forma de dejar memoria de lo construido y de reconocer a todos los que han hecho posible esa evolución.

Su lectura apunta a una transformación profunda, en la que la seguridad depende cada vez más de la capacidad para conectar prevención, información, tecnología y respuesta institucional. En este entorno, autoridades, empresas y seguridad privada cumplen funciones distintas, pero cuentan con capacidades que pueden complementarse para proteger mejor a las personas y anticipar riesgos.

La responsabilidad del Estado en materia de seguridad es fundamental y existen atribuciones que corresponden exclusivamente a la autoridad. Al mismo tiempo, una sociedad que busca fortalecer la paz y la convivencia debe aprovechar responsablemente las capacidades de sus empresas, organizaciones y ciudadanos.

En ese marco sigue siendo importante avanzar hacia una legislación general de la seguridad privada que unifique criterios, reduzca espacios de discrecionalidad, incorpore las nuevas modalidades tecnológicas y facilite una mejor coordinación con las autoridades.

Esta reflexión tuvo una segunda vertiente durante la quinta Convención Binacional de la American Society of Mexico, donde la discusión fue más allá de las operaciones inmediatas y abordó la necesidad de construir capacidades institucionales permanentes, fortalecer la cooperación frente a organizaciones criminales transnacionales y actuar sobre sus estructuras financieras y redes de operación.

Uno de los puntos centrales fue cómo convertir esa cooperación en resultados sostenibles. Durante el diálogo se planteó que los avances no pueden medirse únicamente por detenciones o extradiciones si las organizaciones conservan recursos, redes y capacidad para reorganizarse. Desde la perspectiva empresarial añadimos otro elemento a esta discusión al plantear que la enorme cantidad de información que generan diariamente las empresas puede convertirse en inteligencia útil mediante mecanismos adecuados de coordinación y análisis oportuno.

Una empresa de transporte conoce las rutas donde se repiten incidentes, los horarios de mayor riesgo y los puntos en los que sus unidades enfrentan problemas.

La extorsión permite dimensionar el problema. La ENVIPE 2026 estima que durante 2025 la cifra oculta de este delito alcanzó 97.5%, lo que significa que prácticamente 98 de cada 100 extorsiones estimadas no fueron denunciadas o no derivaron en una carpeta de investigación.

Estamos entonces ante una enorme distancia entre lo que ocurre y la información que finalmente llega al sistema institucional. Reducir ese vacío exige mejores mecanismos de coordinación entre autoridades, empresas y servicios de seguridad, con protocolos claros, canales confiables y responsabilidades bien definidas que permitan convertir la información disponible en inteligencia útil.

Una vía concreta es avanzar en mecanismos de coordinación por sectores y territorios, con protocolos comunes, interlocutores definidos y canales seguros con las autoridades, especialmente en zonas o instalaciones donde varias empresas enfrentan riesgos semejantes.

La tecnología abre posibilidades que hace algunos años eran impensables. Cámaras, centros de monitoreo, sistemas de rastreo, sensores y herramientas de análisis permiten generar información prácticamente en tiempo real. La inteligencia artificial amplía la capacidad para procesarla e identificar comportamientos o anomalías. El propio contenido del libro refleja hasta qué punto estas capacidades se han incorporado a la discusión contemporánea de la seguridad privada.

La Convención Binacional añadió otra dimensión a esta reflexión. México y Estados Unidos comparten cadenas productivas, transportistas, proveedores, instalaciones, tecnología e inversiones. Los riesgos que afectan a una parte de esa red pueden trasladarse rápidamente al resto. Un robo de carga, una extorsión, una afectación a infraestructura o un ataque a sistemas tecnológicos puede interrumpir procesos productivos que atraviesan los dos países.

Por ello, la cooperación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad requiere inteligencia, tecnología y construcción de capacidades. En ese esfuerzo también existe un espacio para incorporar la experiencia del sector empresarial y su conocimiento de los riesgos que enfrenta diariamente.

México ya dispone de autoridades, empresas, profesionales de seguridad, centros de monitoreo, infraestructura tecnológica y grandes cantidades de información. Muchas de esas capacidades todavía trabajan de manera separada. Conectarlas mejor puede ayudarnos a detectar riesgos con mayor anticipación, aprovechar mejor la información disponible y permitir que las autoridades actúen con mayor oportunidad.

Ese puede ser uno de los siguientes pasos en la evolución de nuestro sistema de seguridad. Pasar de registrar lo que ya ocurrió a desarrollar una mayor capacidad para anticipar lo que puede ocurrir.